Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a varios exmiembros de su equipo en el despacho Equipo Económico, investigados por supuestamente “intervenir e influir decisivamente” en reformas legales en favor de empresas gasísticas agrupadas en AGGIM. La trama, según el auto, habría buscado modificar normativas para beneficiar a estas compañías, a cambio de comisiones económicas.
El origen de la causa se remonta a 2018, cuando en el marco de una investigación sobre urbanismo en Tarragona se localizaron correos electrónicos de 2013. En ellos se detallaría la utilización de la “red de influencias” constituida por altos cargos vinculados al despacho – Montoro y su entorno – para presionar a la Administración. La Fiscalía Anticorrupción, que lidera el caso, presentó una querella por delitos que incluyen cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.
El despacho, originalmente fundado por Montoro en 2006 y rebautizado tras su separación, contaba con figuras relevantes de Hacienda y del propio ministerio, lo que habría facilitado el acceso a canales de influencia institucional. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.
