El Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este lunes, 29 de junio, un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, junto con el cuadro macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.
El Ejecutivo ha decidido celebrar el Consejo de Ministros de forma extraordinaria este lunes, en lugar del habitual martes, debido a que buena parte de las actuales medidas anticrisis dejarán de estar vigentes el próximo 30 de junio.
Aunque todavía no se han detallado las medidas concretas que incluirá el decreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha adelantado que se tratará de “un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía del país”, con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado del conflicto internacional.
La escalada de tensión en Oriente Próximo llevó al Ejecutivo a aprobar el pasado marzo un decreto con ayudas fiscales destinadas a amortiguar las consecuencias del aumento de los precios energéticos. Entre esas iniciativas figuraban la rebaja del IVA de la electricidad y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
No obstante, varias de estas medidas han expirado durante el mes de junio como consecuencia de la evolución favorable de los precios de la energía, lo que ha obligado al Gobierno a analizar nuevamente la situación económica.
En las últimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido reuniones con agentes sociales y representantes de los sectores más afectados por el impacto del conflicto para estudiar nuevas actuaciones que permitan proteger tanto a empresas como a consumidores.
Como sucede con cualquier real decreto-ley, el texto será aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros y posteriormente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después, contará con un plazo máximo de treinta días para ser debatido en el Congreso de los Diputados, que deberá decidir si lo convalida o lo deroga.
En este contexto, Pedro Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios que respalden el nuevo decreto cuando llegue a las Cortes Generales y ha reiterado que el Estado pondrá todos los recursos necesarios durante el tiempo que sea preciso para proteger la economía española frente a los efectos derivados de la guerra en Irán.
De forma paralela, el Gobierno continúa con la preparación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Tras la publicación de la orden ministerial que inicia formalmente su tramitación, el siguiente paso será la aprobación del nuevo cuadro macroeconómico.
Estas previsiones económicas estarán condicionadas por la incertidumbre geopolítica y por el posible impacto del conflicto sobre la inflación y la actividad económica. Precisamente por ello, el Ejecutivo ha optado por presentar el cuadro macroeconómico al mismo tiempo que el nuevo paquete de medidas.
Una vez completado este trámite, el Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas.
Posteriormente deberá aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, así como la senda de estabilidad presupuestaria antes de remitir ambos documentos a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Tras la votación en Congreso y Senado, el Ejecutivo prevé presentar después del verano el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027, aunque en la presente legislatura todavía no ha logrado completar todo el procedimiento presupuestario.
Algunos socios parlamentarios, entre ellos el PNV, ya han reclamado al Gobierno que presente las nuevas cuentas públicas y han advertido de que, si no consigue sacarlas adelante, debería valorar la convocatoria de elecciones generales.
Actualmente, el Ejecutivo mantiene una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,2% para este año, ligeramente inferior a las estimaciones del Banco de España y de la AIReF, que sitúan el crecimiento entre el 2,3% y el 2,4%. La Comisión Europea también prevé una expansión del 2,4%, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del 2,1%.
Asimismo, el Gobierno mantiene por el momento su previsión de crecimiento del 2,2% para 2026 y ha revisado a la baja su previsión de déficit público hasta el 1,6%, excluyendo los gastos extraordinarios. Además, espera que la deuda pública cierre 2026 por debajo del 100% del PIB, situándose en el 99,3%, adelantando así un año el cumplimiento de ese objetivo.
