El Consejo de Ministros en su reunión de este martes ha autorizado a seis Comunidades Autónomas a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo. En concreto, permite a Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Baleares a formalizar operaciones de deuda a largo plazo; a Aragón, a corto plazo y a Extremadura autoriza dos acuerdos para permitir operaciones a corto y largo plazo.
Tales autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el caso de Andalucía, el Consejo de Ministros le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.870 millones de euros. Esa cantidad irá destinada a cubrir las necesidades de financiación a largo plazo en mercados financieros, previstas en el Plan Plurianual de Endeudamiento de la Comunidad para 2021 dentro de las necesidades de financiación previstas en dicho Plan que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Esta comunidad autónoma tiene intención de formalizar el endeudamiento a largo plazo previsto para 2021, combinando la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.
En cuanto a Castilla-La Mancha, se le ha autorizado para acometer operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 2.500 millones. Estas operaciones tienen como finalidad refinanciar préstamos formalizados con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el objetivo de conseguir un ahorro de gastos financieros para la comunidad autónoma.
El Gobierno ha autorizado además a Galicia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.828,4 millones de euros. De este importe, en su mayor parte, 1.572,3 millones, se destinarán a financiar los vencimientos de deuda que no supondrán un aumento del endeudamiento de la comunidad.
En cuanto a Baleares, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 1.000 millones de euros. Estas operaciones tienen como finalidad refinanciar préstamos formalizados con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con el objetivo de conseguir un ahorro de gastos financieros para esta comunidad.
EXTREMADURA Y ARAGÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado dos acuerdos relacionados con Extremadura. En uno de ellos se autoriza a Extremadura para formalizar préstamos a largo plazo por un máximo de 847,8 millones, que tienen como finalidad refinanciar préstamos formalizados entre 2017 y 2018 con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el objetivo de conseguir una reducción de costes financieros para este territorio.
Asimismo, ha solicitado autorización para concertar préstamos hipotecarios a largo plazo por la empresa URVIPEXA S.A.U., perteneciente al grupo de entes públicos de la comunidad, para la construcción de viviendas de protección oficial, por importe de un millón de euros.
Mediante el segundo acuerdo que atañe a la comunidad extremeña, el Gobierno permite formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe de 405 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades transitorias de tesorería de 2021.
En cuanto al acuerdo relativo a Aragón, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un máximo de 802,7 millones. Esta cifra se destinará a cubrir necesidades transitorias de tesorería de este ejercicio de la Administración General de la Comunidad y de los entes dependientes que forman parte de esta comunidad autónoma, de acuerdo con la delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2021.
