“Concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo, tales como la apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado y la dictadura, o enalteciendo a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, así como la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Bajo esta premisa incluida en la Ley de Memoria Democrática, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado el acuerdo para iniciar un “periodo de actuaciones previas” con el objetivo de “obtener la información y elementos de juicio” que fundamenten el “inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción” de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Según informa el Ministerio de Cultura, Urtasun ha tomado esta decisión “en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal”. Cultura explica que, en estos casos, según la referida norma, “corresponde al Protectorado de Fundaciones instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa”.
El departamento que dirige Urtasun subraya que el procedimiento para la “extinción” de la Fundación Francisco Franco se desarrollaría en tres fases: la primera consiste en el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consistente en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal; la segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la Fundación Francisco Franco y la apertura del periodo de alegaciones; y la tercera comprendería la petición de un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción.
Cultura puso de manifiesto que “la resolución del procedimiento será decisión de los jueces”. El miedo a ser ilegalizada, que rondaba desde hace meses, motivó que la Fundación Francisco Franco (FNFF) abandonara sus fundamentos originales para incluir una modificación estatutaria que le permitiera burlar la directriz de extinción que el Gobierno pretende llevar a cabo. El subterfugio empleado fue la inclusión de una declaración por la que asegura que, a partir de ahora, actuará con el “máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977”.
La FNFF estima que este maquillaje estatutario puede servir como “blindaje legal frente a la Ley de Memoria Democrática” y frenar así su ilegalización.
