El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Valenciana a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 2.500 millones de euros para refinanciar el préstamo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2023 con el objetivo de conseguir una reducción de costes financieros.
Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes, la primera del año, en la que ha efectuado esta autorización en base a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La Moncloa recuerda que solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.
Del mismo modo, el Gobierno ha autorizado a Castilla y León, Murcia y Galicia a otorgar garantías durante 2025 por importes de 40 millones, 16,2 millones y 5 millones de euros, respectivamente. En todos los casos esos avales se destinan a líneas y operaciones destinadas a financiar la compra de vivienda por parte de jóvenes.
En el caso de Castilla y León, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad autónoma a otorgar garantías durante 2025 por un importe máximo de 40 millones de euros, en el marco de la orden que regula la línea de garantías ‘Mi primera vivienda’.
La entidad que otorga la garantía es la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL) y los beneficiarios de esos avales son jóvenes menores de 35 años que pretenden acceder a un préstamo hipotecario destinado a la adquisición de una vivienda.
TAMBIÉN A MURCIA Y GALICIA
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Región de Murcia a otorgar garantías durante 2025 por un máximo de 16.250.000 euros, a través de la entidad pública empresarial Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) en el marco de la orden por la que se regula el acceso a la vivienda de jóvenes en régimen de propiedad a través de la línea ICREF AVAL JOVEN.
En este caso es el ICREF la entidad que otorga la garantía y los beneficiarios de esos avales son personas de hasta 40 años inclusive, con un límite del conjunto de ingresos de las personas solicitantes y de las que vayan a integrar la unidad de convivencia.
Por último, el Gobierno ha autorizado a Galicia conceder garantías durante 2025 a través de una línea de avales del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), por un importe máximo de cinco millones de euros.
Será el IGVS la entidad que otorga la garantía y los beneficiarios de las garantías serán menores de 36 años adquirentes de una vivienda y personas que adquieran una vivienda protegida, sin límite de edad.
