El Gobierno de España ha anunciado que presentará a principios de 2026 una nueva ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud cuyo objetivo principal es restringir de manera drástica la colaboración público-privada en la gestión de hospitales públicos. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, la norma derogará la legislación de 1997 que permitió estos modelos, que permiten a empresas privadas gestionar centros públicos a cambio de un pago capitativo, como sucede en el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz (gestión de Ribera Salud).
Aunque el Gobierno sostiene que no prohibirá por completo toda colaboración con entidades privadas, la nueva regulación impedirá que se aplique un modelo basado en la gestión de servicios sanitarios con ánimo de lucro y pago por población asignada, una fórmula muy discutida tras las polémicas recientes sobre listas de espera y prioridades asistenciales.
