El Gobierno prevé aprobar este martes la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para recoger la regulación básica del teletrabajo en la función pública, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con las principales organizaciones sindicales del sector público.
Así lo han señalado fuentes gubernamentales, que explican que la intención es que la nueva norma vaya al Consejo de Ministros de este martes para su aprobación, después de que la semana pasada viese la luz la ley que regula el teletrabajo en el ámbito privado previamente acordado con los agentes sociales.
El pasado 11 de junio, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público.
VOLUNTARIO, REVERSIBLE Y LIGADO A LA NORMA DE CADA ADMINISTRACIÓN
El acuerdo supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, del tal manera que el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, “salvo en supuestos excepcionales”.
El texto que se incorporará en el Estatuto Básico regula con carácter general la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, como una modalidad organizativa, “fomentando así el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital”.
Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.
Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.
La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser “expresamente autorizada”.
Los funcionarios que teletrabajen tendrán los mismos deberes y derechos que el resto y la Administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.
Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, “siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito”, y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.
Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva.
LOS SINDICATOS RESPALDAN LA REGULACIÓN
Desde el CSIF, su presidente, Miguel Borra, subrayó que se trata de un acuerdo “novedoso”, que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos, y podrá acogerse el personal funcionario y laboral de las administraciones públicas.
Por su parte, el responsable federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, valora que deja claro “elementos básicos” como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las administraciones e introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, lo que concede al teletrabajo un carácter “lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía”.
En la misma línea, CC.OO. pide al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre el teletrabajo en sus respectivos ámbitos.
