El juez del ‘caso Dina’ propone juzgar al comisario jubilado Villarejo y a los dos periodistas

La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles por el ‘caso Dina’, la pieza separada de ‘Tándem’ donde se indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, deja a un paso del banquillo a los tres acusados por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, dando un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o, si lo estiman, el archivo.

El magistrado sitúa los hechos en noviembre de 2015, cuando Bousselham se encontraba junto a su pareja, Ricardo Antonio De Sa Ferreira, en el interior del IKEA de Alcorcón “cuando se percató de la desaparición del abrigo” de este último, “en cuyo interior guardaban varios objetos entre los que” se encontraban los teléfonos de ambos.

Dos años más tarde, en noviembre de 2017, la policía llevó a cabo en el domicilio Villarejo en Boadilla del Monte una entrada y registro en el que descubrieron una serie de carpetas con el nombre de la exasesora, entre los que se encontraban “varios archivos procedentes de la tarjeta mini SD” de su móvil.

EL RECORRIDO DE LA TARJETA

La investigación llevada a cabo por el Juzgado, explica el magistrado, permitió “esclarecer” su recorrido. “Se sabe que en el mes de enero de 2016, parte de la información contenida en la tarjeta de memoria mini SD que estaba en el teléfono de Bousselham llegó a manos del periodista Luis Alberto Pozas, en aquel momento director de la revista Interviú, quien se guardó una copia en su ordenador”, detalla.

Pozas, a su vez, “comparte los archivos y gran parte de información que contiene la tarjeta con el subdirector de la revista, Luis Rendueles”. “Posteriormente la tarjeta de memoria se entrega al presidente del Grupo Editorial de la revista, Antonio Asensio”, añade el juez.

En una fecha no determinada de principios de 2016, antes del 14 de abril de ese año, Villarejo Pérez contactó con Rendueles para pedirle que le hicieran entrega de una copia de los archivos de Bousselham.

Rendueles le transmitió entonces, sostiene el juez, esa petición a Pozas quien, “pese a saber que la tarjeta contenía una información personal ajena a Villarejo, accede a la petición”. “Ambos quedan con Villarejo y le facilitan parte del contenido de la tarjeta de memoria mini SD perteneciente a Dina Bousselham”, continúa.

El juez de la Audiencia Nacional asegura que “este relato de hechos resulta subsumible, respecto de los tres investigados citados, en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos”.

“Esta imputación se basa, fundamentalmente, en los indicios que se han ido refiriendo en la exposición de los hechos probados antes referida, así como en la extensa y abundante documentación que obra en la causa, declaraciones de los testigos y declaraciones de los investigados”, concluye.

CIERRE PREMATURO DE LA PIEZA

El juez ya dictó en octubre de 2020 un auto por el que daba por finalizada la instrucción de esta pieza y proponía juzgar tanto a Villarejo como a los dos periodistas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, el magistrado remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedía investigar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

El juez sostenía que Iglesias recibió en buen estado del periodista Antonio Asensio el 20 de enero de 2016 la tarjeta de Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. Además, argumentaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. Finalmente, Iglesias terminó por devolver la tarjeta a su exasesora.

Fue entonces cuando el alto tribunal acordó devolver la causa a la Audiencia Nacional instando al magistrado a agotar las diligencias. Entre las mismas, el Supremo consideraba imprescindible tomar declaración a Bousselham para determinar si el contenido de la tarjeta era accesible cuando se la entregó Iglesias.

Más adelante, en enero de 2022, el magistrado decidió nuevamente dar por finalizada la instrucción de la causa, una decisión que fue recurrida por la propia exasesora y el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Así, y estimando parcialmente el recurso de este último, la propia Sala de lo Penal le ordenó reabrir nuevamente la investigación para esclarecer si la cúpula policial estuvo implicada en alguna medida en el robo del teléfono móvil.

Tras agotar las últimas pesquisas el magistrado ha puesto fin a la investigación proponiendo juzgar al comisario jubilado Villarejo y a los dos periodistas.

‘DINA’ CONTINÚA EN LOS JUZGADOS DE MADRID

A pesar de que la citada pieza separada haya llegado a su fin, cabe recordar que el magistrado pidió a los Juzgados de Madrid que investigasen si Bousselham cometió un delito de falso testimonio y un delito de denuncia falsa en esta línea de investigación,

El juez García Castellón se dirigió el pasado mes de septiembre a los Juzgados de Instrucción de Madrid para que indagasen si tanto la exasesora como su expareja incurrieron en falso testimonio cuando declararon en esta pieza separada del ‘caso Villarejo’.

A su vez, el magistrado acordó pedir a los Juzgados de Alcorcón que investigasen si Bousselham cometió un presunto delito de acusación y denuncia falsa.

La Sala de lo Penal respaldó la decisión del juez este mismo mes de mayo, descartando revocar el auto del magistrado al explicar que la decisión impugnada por Bousselham -y a la que se adhirió Iglesias– ya se había “materializado”.

En este contexto, la Sala recordaba que ya se han “deducido los testimonios de referencia”, habiéndose “incoado diligencias previas” por sendos juzgados, los cuales “se hallan pendientes de determinar a cuál de ellos compete la investigación”.