El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz tomará declaración como investigado este lunes al que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, por las **presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial** que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos.
En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del **Juzgado Central de Instrucción Número 5** citó para el lunes a las 10.15 horas a Martínez. Inicialmente y ese mismo día el instructor llamó a sede judicial como imputado al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, aunque su citación se suspendió por su estado de salud.
Será el martes cuando el juez Pedraz tome declaración como investigados a partir de las 10.15 horas al **ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino** y al inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago. La ronda de declaraciones se completará el 6 de noviembre a partir de la misma hora, cuando el magistrado interrogará al **comisario Andrés Gómez Gordo** y al exjefe de Información de la Policía, Germán Rodríguez Castiñeira.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Podemos presentó una querella por delitos de **organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos**, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados –bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad– “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política”.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su **posterior filtración a los medios de comunicación** bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en **ocho actuaciones**, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
