El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que el origen de la presunta actividad delictiva atribuida al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Leire Díez, junto a otros investigados, se sitúa tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el periodo de reflexión de cinco días anunciado entonces por Pedro Sánchez a raíz de aquella decisión judicial.
Según el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, el magistrado identifica como un “punto de inflexión” una reunión celebrada en la sede socialista de Ferraz después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias por presunta corrupción contra la esposa del jefe del Ejecutivo y tras la publicación de la conocida Carta a la Ciudadanía de Sánchez.
En dicho encuentro, señala el instructor, habrían participado Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, además de varios integrantes de la estructura del PSOE, entre ellos Santos Cerdán e Ion Antolín, director de Comunicación del partido.
Pedraz atribuye a Cerdán la “coordinación y ejecución” de diferentes actuaciones con posible relevancia penal cuyo objetivo habría sido “desestabilizar de forma sistemática y continuada” cualquier investigación judicial o actuación policial que pudiera afectar directa o indirectamente a los intereses del PSOE o del Gobierno. Todo ello, añade, en un contexto marcado por la apertura sucesiva de causas judiciales relacionadas con miembros del partido o con el entorno familiar del presidente.
El auto sostiene además que, en el desarrollo de ese supuesto plan, se habrían ofrecido pagos o favores a agentes de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o de actuaciones contrarias al ejercicio de sus funciones. Asimismo, el magistrado apunta que también se buscó cuestionar y obstaculizar la labor de los jueces instructores encargados de distintas causas, entre ellos los magistrados Biedma, Ayala y Peinado.
En este contexto, la resolución judicial menciona la presentación de denuncias consideradas infundadas contra la jueza que instruye la causa en la que está investigado David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, así como contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El instructor añade que Leire Díez habría contado presuntamente con apoyo intelectual y financiero de varias personas, entre ellas Santos Cerdán, quien, según el auto, habría acordado abonarle 4.000 euros mensuales con fondos del partido por esos trabajos. En la resolución también aparece mencionado Gaspar Zarrías, al que se atribuye haber facilitado su sociedad para canalizar pagos y asesoramiento jurídico, así como el abogado Ismael Oliver, señalado por haber gestionado parte de esos fondos mientras prestaba asesoramiento a la formación socialista.
