El Parlament ha rechazado este jueves en el Debate de Política General (DPG) que Junts plantee la celebración de un referéndum de autodeterminación en el espacio de negociación que tienen con el PSOE en Suiza.
La propuesta de resolución, presentada por Junts, ha contado con el apoyo de este grupo, ERC, CUP y Comuns y con el voto en contra de PSC-Units, PP, Vox y Aliança Catalana (AC).
Bajo el título de ‘Por el reconocimiento del conflicto político’, Junts recogía en un primer punto de la propuesta la literalidad del acuerdo de Bruselas, y en un segundo un punto que rezaba: “Fruto de esta realidad histórica y de la necesidad compartida de resolver el conflicto descrito, se planteará en el espacio de negociación habilitado a tal efecto la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya”.
Sí ha prosperado el primero de los puntos, pero no el segundo, con el que Junts buscaba que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, avalara la posible negociación de un referéndum en la mesa de negociación que los de Carles Puigdemont y el PSOE tienen en Suiza.
También se ha aprobado la defensa de Junts de la Ley de Amnistía y el emplazamiento que hacen al Gobierno para que reclame al poder judicial español que la aplique “de forma inmediata y efectiva”.
Sobre esta cuestión también ha salido adelante la propuesta de ERC para una aplicación “total e inmediata” de la amnistía, cuestión que no aborda ninguna de las resoluciones registradas por los socialistas.
De hecho, los socialistas se han abstenido en la votación de estas propuestas sobre la amnistía de Junts y ERC porque “contemplan otras cuestiones que no están en el preámbulo de la ley”, según la portavoz parlamentaria de PSC, Elena Díaz.
Sí abordan este tema los Comuns con un texto aprobado que reafirma el apoyo a la Ley de Amnistía, reclama su aplicación inmediata y rechaza “los intentos de dilación constante que está realizando una parte del poder judicial.
Desde la CUP también critican la aplicación de la amnistía y defienden que “la nación catalana tiene derecho a determinar libremente su estatus político” y que la Constitución y la legislación autonómica no pueden restringir la voluntad democrática del pueblo catalán, aunque ninguno de estos puntos ha prosperado.
