El PP constituirá la próxima semana la comisión de investigación del Senado sobre el CIS de Tezanos

223. Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que una amplia gama de leyes adoptadas y medidas tomadas por Israel en su calidad de Potencia ocupante tratan a los palestinos de forma diferente por motivos especificados por el derecho internacional. Como ha señalado el Tribunal, esta diferenciación de trato no puede justificarse con referencia a criterios razonables y objetivos ni a una finalidad pública legítima (véanse los apartados 196, 205, 213 y 222). En consecuencia, el Tribunal opina que el régimen de restricciones globales impuesto por Israel a los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado constituye una discriminación sistémica basada, entre otras cosas, en la raza, la religión o el origen étnico, en violación de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del PIDCP, del artículo 2, párrafo 2, del PIDESC, y del artículo 2 del CERD.

224. Varios participantes han argumentado que las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado equivalen a segregación o apartheid, en violación del artículo 3 de la CERD.

225. El artículo 3 de la CERD establece lo siguiente “Los Estados Partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y erradicar todas las prácticas de esta naturaleza en los territorios bajo su jurisdicción.” Esta disposición se refiere a dos formas particularmente graves de discriminación racial: la segregación racial y el apartheid.

226. El Tribunal observa que las políticas y prácticas de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este aplican una separación entre la población palestina y los colonos trasladados por Israel al territorio.

227. Esta separación es ante todo física: la política de asentamientos de Israel fomenta la fragmentación de Cisjordania y Jerusalén Este, y el encierro de las comunidades palestinas en enclaves. Como resultado de políticas y prácticas discriminatorias, como la imposición de un sistema de permisos de residencia y el uso de redes de carreteras distintas, que el Tribunal ha analizado anteriormente, las comunidades palestinas permanecen físicamente aisladas unas de otras y separadas de las comunidades de colonos (véanse, por ejemplo, los párrafos 200 y 219).

228. La separación entre las comunidades de colonos y palestinos es también jurídica. Como resultado de la extensión parcial de la legislación israelí a Cisjordania y Jerusalén Este, los colonos y los palestinos están sujetos a sistemas jurídicos distintos en el Territorio Palestino Ocupado (véanse los párrafos 135-137 supra). En la medida en que la legislación israelí se aplica a los palestinos, les impone restricciones, como la exigencia de un permiso para residir en Jerusalén Este, de las que los colonos están exentos. Además, la legislación y las medidas de Israel aplicables desde hace décadas tratan de forma diferente a los palestinos y a los colonos en una amplia gama de ámbitos de la actividad individual y social en Cisjordania y Jerusalén Este (véanse los párrafos 192-222 supra). 

229. El Tribunal observa que la legislación y las medidas de Israel imponen y sirven para mantener una separación casi total en Cisjordania y Jerusalén Este entre las comunidades de colonos y palestinas. Por esta razón, el Tribunal considera que la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la CERD.

279. Además, el Tribunal considera que, en vista del carácter y la importancia de los derechos y obligaciones implicados, todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. También tienen la obligación de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado. Corresponde a todos los Estados, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, velar por que se ponga fin a todo impedimento resultante de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado al ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación. Además, todos los Estados Partes en el Cuarto Convenio de Ginebra tienen la obligación, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, de garantizar el cumplimiento por parte de Israel del Derecho internacional humanitario consagrado en dicho Convenio.