La Ley catalana que regula los precios de los alquileres va a ser recurrida por el Partido Popular, tal y como se ha anunciado. La noticia en sí no sería nada extraño y probablemente no daría para abrir una noticia si no fuera porque hoy El Mundo ha desvelado que el partido de Casado ha contratado para la elaboración del recurso al bufete Martínez-Echevarría & Rivera.
El bufete cambió recientemente de nombre para incluir en él al del expresidente de Ciudadanos, que ha asumido funciones de presidente ejecutivo y máximo responsable de un despacho al que se incorporó pocos meses antes, tras su salida de la presidencia de Ciudadanos por los malos resultados de las elecciones generales de las que mañana se cumple un año.
El hecho de que el bufete haya aceptado el encargo ha desatado una oleada de especulaciones, motivadas por el distanciamiento que el partido que ahora lidera Inés Arrimadas está experimentando respecto a las posiciones que en su momento defendió Albert Rivera como presidente del mismo. Rivera, que en abril de 2019 llegó a contar con 57 diputados y a aspirar al “sorpasso” al Partido Popular, se negó en los meses siguientes a intentar un acercamiento al Partido Socialista, con el cual sumaba 180 diputados, que le hubiera podido constituir un gobierno de mayoría absoluta que evitara la formación de la coalición que finalmente llegó al poder, de la mano de Unidas Podemos.
Aunque Rivera siempre ha sostenido que fue la actitud del PSOE, y no la suya, la que hacía imposible el acuerdo, no deja de ser cierto que, una vez abandonada la presidencia de Ciudadanos, Arrimadas sí ha podido llegar a acuerdos, aunque sean puntuales, con el gobierno de Sánchez en diversas cuestiones.
En todo caso, al menos por lo que se difunde públicamente, de momento la colaboración de Rivera con el Partido Popular se limita a cuestiones profesionales.
