La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria ante los “graves fallos sufridos” por el sistema de pulseras antimaltrato en España que se ha prolongado durante al menos ocho meses tras el cambio de empresa adjudicataria al servicio.
Según explica el Partido Popular, diversos juzgados recibieron “notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo”. Asimismo, afirman que la propia Fiscalía ha reconocido esta situación ocasionando “sobreseimientos provisiones y absoluciones de maltratadores”.
“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la comisión Europea debe valorar si procede a abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones respecto al derecho comunitario”, ha expresado la eurodiputada Estarás.
Igualmente, la popular añade que se ha permitido que “durante ocho meses las pulseras de control antimaltrato no funcionaran correctamente”, fallando así “la protección a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales”.
Rosa Estarás advierte también que España podría haber vulnerado hasta cuatro normas comunitarias como las directivas que obligan a garantizar medidas de protección efectivas a las víctimas de delitos, la relativa a la Orden Europea de Protección (OEP), la norma sobre contratación pública por no asegurar la continuidad de un servicio esencial, así como la Directiva que regula la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.
Por último, desde el bloque popular critican que si las pulseras estaban vinculadas a órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares, “la incapacidad del sistema para garantizar el seguimiento real del agresor podría haber dejado sin efecto práctica la protección transfronteriza que garantiza la Orden Europea de Protección (OEP)”.
El PP sentencia que esta situación erosiona “la confianza mutua entre los socios europeos”, principio que recalcan como “esencial” del espacio de libertad, seguridad y justicia que recoge el artículo 67 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
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