El PP mantiene abierta la puerta a impugnar la convalidación por el Congreso del decreto ley sobre el reparto de los fondos europeos para reactivar la economía tras la crisis del Covid-19 si los grupos parlamentarios no tienen acceso al dictamen que sobre el mismo aprobó el Consejo de Estado pero que el Gobierno no envió a la Cámara.
Así lo ha explicado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, en una entrevista al programa ‘Parlamento’ de RNE, en la que insiste en que su formación “va a seguir insistiendo por todo tipo de medios” para que los grupos puedan consultar ese documento.
Gamarra ya pidió el miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se dirigiera al Gobierno para reclamar ese dictamen. También planteó que los letrados de la Cámara hicieran un informe sobre las “consecuencias jurídicas” que la falta del mismo comporta sobre la validez del procedimiento, y específicamente, si tal hecho podía ser “causa de nulidad de todo lo actuado por estos graves vicios de procedimiento”.
Pero Batet le respondió por escrito un día después que los servicios jurídicos le habían confirmado que para la convalidación de los decretos leyes basta con que éstos hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que no afecta para nada a la validez del procedimiento que el informe del Consejo de Estado no haya sido remitido a la Cámara.
En su respuesta Batet también venía a invitar a Gamarra a solicitar ella misma el informe al recordarle que cualquier miembro de la Cámara puede recabar de las Administraciones Públicas los documentos que obren en su poder.
Gamarra ha dejado claro que el PP va a seguir insistiendo para que ese informe se facilite a los grupos y para que “no se sigan pisoteando” los derechos de los parlamentarios. “De momento estamos centrados en conseguir el informe y con el tiempo adoptaremos las decisiones que consideremos oportunas”, asegura cuando se le pregunta sobre una posible impugnación de la convalidación del decreto ley.
Por lo pronto, el PP intentará que la Mesa del Congreso analice a fondo esta cuestión desde el convencimiento de que los decretos leyes deben ser enviados al Congreso “con toda la documentación utilizada para tramitarlos”. A su juicio, deben ir acompañados de la documentación que los proyectos de ley, máxime teniendo en cuenta que, según denuncia, “ahora los reales decreto leyes se han convertido en la técnica legislativa habitual del Gobierno”.
Si la Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, opta por desoír las peticiones del primer partido de la oposición, el PP podría presentar un recurso contra esa decisión y, si éste no prosperase, ya tendría vía libre para recurrir ante el Tribunal Constitucional.
En cualquier caso, Gamarra dice no entender por qué el Gobierno se niega publicar la opinión del Consejo de Estado que él mismo reclamó y que, según la dirigente ‘popular’ es “demoledor”. “Nosotros ya hemos denunciado que el sistema para el reparto de los fondos establecido por el Gobierno está viciado de opacidad, lo que va a dar lugar a clientelismo”, remarca.
