PP frena el Tratado de Amistad con Francia

El PP ha conseguido paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023 tras sacar adelante, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Constitución.

La propuesta de los populares ha prosperado con 146 votos a favor, correspondientes a PP y Vox , frente a 112 en contra, entre ellos los del PSOE, además de dos abstenciones, las de la senadora de UPN María del Mar Caballero y el senador por El Hierro Aniceto Armas.

Se trata de la segunda ocasión en la que el Senado solicita el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre este tratado, después de haberlo hecho ya en febrero de 2025. En aquella ocasión, el alto tribunal decidió inhibirse al entender que no era necesario pronunciarse porque el Congreso había rechazado previamente el texto y, por tanto, no podía culminarse su ratificación.

El principal punto de fricción sigue siendo el artículo 2.4 del Tratado, que contempla que un ministro de cada país pueda participar, por rotación y al menos una vez cada tres meses, en el Consejo de Ministros del otro Estado. El PP sostiene que esta previsión vulnera la Constitución, motivo por el que ya impulsó hace un año otra iniciativa ante el Tribunal Constitucional.

Con el objetivo de desbloquear la situación, los ministros de Exteriores de España y Francia alcanzaron el pasado mes de abril un acuerdo interpretativo sobre dicho artículo. Según esa interpretación, la invitación sería únicamente para participar “en los márgenes del Consejo de Ministros” mediante una reunión separada, y no en la sesión formal del Consejo.

Sin embargo, el PP considera que la cláusula interpretativa no modifica el contenido del artículo 2.4 ni forma parte del propio tratado. A su juicio, los gobiernos podrían modificar posteriormente esa interpretación sin alterar el texto aprobado.

Asimismo, los populares sostienen que la redacción de esa cláusula resulta demasiado imprecisa al no definir qué significa exactamente participar “en los márgenes del Consejo” ni qué debe entenderse por “una reunión por separado”, circunstancia que, según argumentan, incrementa las dudas sobre la constitucionalidad del tratado.

Por ello, el Pleno del Senado ha acordado solicitar formalmente al Tribunal Constitucional que determine si existe contradicción entre la Constitución y el artículo 2.4 del Tratado de Amistad con Francia, al tiempo que queda suspendida la tramitación de la autorización del tratado hasta que el tribunal emita su resolución.

La decisión llega después de que el Congreso aprobara nuevamente el tratado el pasado 18 de junio, tras haber sido remitido de urgencia por el Gobierno en abril. En esta ocasión, Podemos y Junts modificaron el sentido de su voto respecto al año anterior y pasaron de la abstención al apoyo, mientras que PP y Vox mantuvieron su rechazo.

Durante el debate en el Senado, el senador popular Miguel Ángel Jerez calificó de “cutrez” la forma en la que el Ejecutivo ha intentado sacar adelante el tratado, reprochando que se pretenda sustituir una modificación formal del texto por una interpretación posterior. En la misma línea, la senadora María José Pardo acusó al Gobierno de optar por “el atajo” y cuestionó su credibilidad.

Por parte de Vox, el senador Ángel Gordillo definió igualmente la actuación del Ejecutivo como una “chapuza” y defendió la necesidad de que el Tribunal Constitucional ejerza un control preventivo antes de que el tratado pueda ser ratificado definitivamente.

La respuesta del Gobierno llegó de la mano del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien acusó al PP de haberse convertido en un partido “antisistema” por bloquear el Tratado de Amistad con Francia. Albares sostuvo que la decisión perjudica a cientos de miles de españoles residentes o vinculados a la frontera con Francia y daña la posición de España en Europa.

El ministro insistió además en que el tratado no vulnera la Constitución y aseguró que la estrategia del PP responde únicamente a una voluntad de retrasar y sabotear su entrada en vigor. A su juicio, la cooperación institucional prevista resulta necesaria para reforzar la relación bilateral entre ambos países.

Durante el debate también intervinieron representantes del PSOE y del resto de formaciones que respaldan al Gobierno. La senadora socialista Concha Andreu acusó al PP de practicar un “filibusterismo” parlamentario, mientras que Rafael Lemus defendió que el tratado no implica ninguna cesión de soberanía y simplemente institucionaliza mecanismos de cooperación ya existentes.

Desde Compromís y PNV también se criticó la iniciativa del PP. El senador Xavier Morera calificó la decisión de “error gravísimo”, mientras que Luis Jesús Uribe-Etxebarría reprochó a los populares mantener una oposición permanente a cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno.