El PP traslada a Bolaños sus exigencias al decreto anticrisis sobre IRPF y centrales nucleares y pide consultar a CCAA

El Partido Popular ha trasladado este lunes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sus exigencias al decreto anticrisis acerca del IRPF y las centrales nucleares, al tiempo que ha pedido consultar a las Comunidades Autónomas sobre las rebajas fiscales propuestas.

En una carta firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el partido le han informado al ministro de que ven “correcto” que la norma recoja las bajadas fiscales propuestas por los ‘populares’, aunque fueran “hasta hace muy poco denostadas abierta e intensamente por el Gobierno”.

“Valoramos este cambio de opinión y que, por ejemplo, se recoja la reducción al 10 % del IVA a los combustibles, a la electricidad y al gas”, detalla el PP en la misiva. También apunta a otras medidas, como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, las ayudas extraordinarias de 0,20 euros por litro de gasóleo para el transporte profesional por carretera y para agricultores, ganaderos y pescadores; o la compensación por costes indirectos de CO2 para la industria en riesgo de fuga de carbono.

No obstante, ven “insuficiente” el decreto para hacer frente “a la situación que están padeciendo los ciudadanos y las empresas españolas”, ya que consideran que “no incorpora las medidas más adecuadas para garantizar una respuesta integral y estructuralmente sólida a la crisis”.

Entre las ausencias “más significativas”, advierten de que “no contiene ninguna medida de actualización de los parámetros” del IRPF, lo que a juicio del PP “supone una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias, especialmente sobre las familias con hijos”.

“Esta distorsión, lejos de corregirse, se va a agudizar como consecuencia directa de la subida de precios asociada al encarecimiento energético. Es incomprensible que un decreto de ayudas olvide a las familias en este contexto”, sostiene el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Además, cree necesario que se valore “el carácter permanente de varias medidas” incluidas en el texto. Concretamente, pide eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.

PIDEN MANTENER LAS CENTRALES NUCLEARES

Por otro lado, subrayan que el decreto “contradice” el objetivo de “hacer la economía española más resistente frente a futuros shocks energéticos”, ya que, para el PP, la disposición final habilita al Gobierno “para declarar nudos de transición justa adicionales en los emplazamientos de centrales nucleares en proceso de cierre”, dando respaldo regulatorio al calendario de desmantelamiento nuclear.

Por ello, consideran que no es posible afirmar que se quiere “garantizar la seguridad de suministro y, simultáneamente, mantener activo un plan que eliminará progresivamente la fuente de generación más estable y descarbonizada del sistema eléctrico español”. Así, defienden que “una política energética sensata” exige la continuidad de las centrales nucleares.

VEN “IMPRESCINDIBLE” INFORMAR A LAS CCAA

Por otra parte, advierten de que la disposición final podría permitir “obviar el control parlamentario” sobre determinadas partidas de gasto público al no haberse presentado los Presupuestos Generales del Estado.

“En la práctica, supondría que el Gobierno podría financiar cualquier política destinada a extender las prestaciones no contributivas automáticamente y sin límite de cuantía”, argumenta el PP.

No obstante, puesto que el decreto estará en vigor durante 30 días, los ‘populares’ creen que hay “tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar estas cuestiones y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias”.

Asimismo, piden aprovechar ese período para “abrir un imprescindible proceso de información a las Comunidades Autónomas, que al fin y al cabo van a asumir financieramente el 50% de las rebajas fiscales propuestas y deben ser escuchadas y respetadas”.