Después de numerosos reveses sufridos por la primera ministra, Theresa May, hoy el Parlamento Británico ha aprobado por 412 votos a favor frente a 202 en contra, el inicio de los trámites para conseguir un aplazamiento de la entrada en vigor del Brexit, prevista inicialmente para el 29 de marzo.
Para ello, el acuerdo al que llegó May con Juncker deberá ser sometido a una nueva votación en la cámara de los comunes (ya ha sido rechazado dos veces). De conseguirse en esta ocasión el respaldo parlamentario, se solicitaría una prórroga hasta el 30 de junio, pero, si los comunes vuelven a rechazarlo, la demora en la puesta en marcha del Brexit podría llegar incluso a los dos años.
Lo que sí ha quedado descartado completamente es la posibilidad de un nuevo referéndum.
Cabe recordar que todo aplazamiento deberá ser acordado con la unanimidad de los estados miembros, que podría otorgarse en la cumbre europea a celebrar el día 21 de este mes.
Aparte de las incertidumbres que este proceso abre sobre el futuro del Brexit, aparecen otras menores pero más inmediatas, y que, de rebote, nos afectan: si finalmente se acuerda una prórroga para la implantación del Brexit, ¿significará esto que los británicos, mientras tanto, debería participar en las elecciones europeas previstas para mayo? ¿Conservará España los 59 eurodiputados previstos, o la “reincorporación” de los británicos nos dejaría de nuevo con solo 54?
Parece que si la fecha final del Brexit se fija en el 30 de junio, no sería necesario que los británicos votasen, pues el europarlamento se constituiría en julio, después de la formalización de la salida. En cambio, si la prórroga se extiende más allá de esa fecha, los británicos no podrían eludir unas elecciones para un Parlamento que, según ellos mismos manifiestan, desean abandonar.
