El Senado ha decidido elevar al Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no haber presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, tal como establece la Constitución. La iniciativa fue impulsada por el Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, y busca anular las prórrogas presupuestarias sucesivas desde 2023.
Hace dos meses, el Pleno del Senado aprobó la propuesta del PP para incoar este conflicto, el cual fue remitido al Gobierno. Según el procedimiento, el Ejecutivo disponía de un mes para responder. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado los Presupuestos ni ha emitido respuesta, lo que ha motivado al Senado a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.
En el texto aprobado, el PP subraya que “el Senado no debe admitir ni tolerar el incumplimiento” de la obligación constitucional del Ejecutivo de presentar los PGE. Asimismo, acusa al Gobierno de incurrir en una “práctica fraudulenta” al modificar partidas presupuestarias sin control parlamentario, vulnerando así el principio de legalidad presupuestaria.
Los ‘populares’ comparan la actual situación con la de 2020, cuando, debido a la pandemia, se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018. No obstante, el PP asegura que en la actualidad “no existe justificación posible” para esta omisión, más allá de la incapacidad del Ejecutivo para alcanzar acuerdos parlamentarios.
El conflicto señala que “los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales”, ya que esto impide que las Cortes Generales, y en especial el Senado, ejerzan sus funciones presupuestarias.
En consecuencia, el Senado solicita al TC que declare que el Gobierno ha vulnerado sus atribuciones constitucionales al no presentar el proyecto de ley de Presupuestos y por el “abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria”. También pide la nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022 para los ejercicios 2024, 2025 y eventualmente 2026.
Finalmente, el Senado insta al Constitucional a pronunciarse sobre los efectos jurídicos derivados de esta vulneración y a señalar un plazo máximo para que el Ejecutivo cumpla con su deber constitucional en materia presupuestaria.
