El Tribunal Supremo ha elevado la presión sobre el Gobierno para aclarar la situación electoral de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un plazo de cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que faciliten la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión cautelar de su derecho al voto.
La orden judicial establece que la información deberá ser remitida tanto al propio Tribunal Supremo como a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE). El plazo fijado por los magistrados concluye el próximo 28 de octubre, apenas un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Supremo advierte de multas y posibles responsabilidades penales
El requerimiento no se limita a solicitar la documentación. El Supremo advierte expresamente a Bolaños y Albares de las consecuencias que podría tener un eventual incumplimiento de la resolución judicial.
Según el auto, la falta de entrega de la información dentro del plazo establecido podría dar lugar a la imposición de multas y, llegado el caso, a la exigencia de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para la Administración. La Oficina del Censo Electoral ha comunicado que Exteriores había remitido hasta ahora un fichero acumulativo con 17.914 registros, muy lejos de los 163.020 afectados. Además, tras analizar esa documentación, la OCE detectó “numerosos errores” que impedían garantizar su fiabilidad, por lo que el fichero no pudo utilizarse para depurar el censo.
La propia Oficina del Censo ha tratado de avanzar por otras vías. A través de la información disponible en DICIREG, el Registro Civil digital, obtuvo datos correspondientes a 76.600 nacionalizados y consiguió localizar a 38.188 de ellos en el censo electoral vigente. Esa relación fue posteriormente remitida a Exteriores para facilitar la búsqueda de los expedientes consulares.
Una carrera contrarreloj antes del 29-N
El origen del conflicto está en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y, en particular, en la instrucción administrativa de 2022 que reguló el acceso a la nacionalidad de descendientes de españoles. El Supremo mantiene cautelarmente suspendido el derecho al voto de 163.020 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo en aquellos casos en los que los consulados certifiquen que la nacionalidad se obtuvo cumpliendo los requisitos que el tribunal considera previstos legalmente.
La controversia llegó también al Tribunal Constitucional. El pleno rechazó esta semana, por diez votos frente a dos, admitir el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo. La mayoría consideró que la petición era prematura porque todavía no se había agotado la vía judicial ordinaria ante el Supremo.
La situación deja el calendario electoral bajo una fuerte presión. El Gobierno había alegado previamente que revisar individualmente todos los expedientes antes de las elecciones era materialmente muy difícil, especialmente porque una parte importante de la documentación más antigua no está digitalizada.
El nuevo requerimiento del Supremo introduce ahora una fecha concreta: en cinco días, el Ejecutivo deberá facilitar la identificación de los 163.020 afectados. A partir de esa información, la Administración electoral tendrá que determinar qué ciudadanos quedan finalmente afectados por las medidas cautelares y cuáles pueden acreditar las condiciones necesarias para ejercer su derecho al voto el próximo 29 de noviembre.
