El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo ha rechazado enviar a prisión provisional al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ratificando las medidas cautelares vigentes: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma periódica en sede judicial, tras una nueva comparecencia en la que ha optado por guardar silencio sobre su presunto papel de “gestor y custodio” de fondos “opacos”.
El magistrado Leopoldo Puente ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha solicitado prisión provisional al considerar que el riesgo de fuga está suficientemente mitigado con las medidas actuales. Las acusaciones populares encabezadas por el PP, en cambio, sí reclamaron prisión preventiva, recordando que el dinero al que se refería Koldo como “chistorras” sigue sin aparecer.
Estas posturas coinciden con las mantenidas en la vistilla celebrada el pasado miércoles respecto a Ábalos. En su caso, Puente confirmó las mismas medidas cautelares, aunque advirtió de un riesgo de fuga creciente que podría derivar en medidas más duras a medida que se acerque el juicio.
Fuentes cercanas a García aseguran que está preparado por si llegara a entrar en prisión provisional, medida que hasta ahora solo se ha aplicado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunto papel clave en la trama y el riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
El magistrado volvió a citar a Koldo y Ábalos tras un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a García como “gestor y custodio” de fondos presuntamente recibidos como mordidas por adjudicaciones públicas.
Koldo acudió puntual al Supremo, boina y mochila en mano. La comparecencia duró una hora, centrada en la revisión de medidas cautelares, ya que volvió a acogerse a su derecho a no declarar, como ya hizo en junio.
Según fuentes jurídicas, García se negó a declarar por considerar que sufre indefensión al no tener acceso completo al contenido de los dispositivos incautados en su domicilio, incluyendo grabaciones realizadas entre 2019 y 2023 que se han convertido en piezas clave del caso.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reprochó a García que guarde silencio en el Supremo pero hable con los medios. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, respondió que esas intervenciones mediáticas eran necesarias ante las acusaciones que ha recibido, incluidas algunas por violencia de género y acoso sexual.
Puente intervino para poner orden, advirtiendo que tales cuestiones no eran objeto del procedimiento actual, y recordó a Koldo que no necesitaba justificar su decisión de no declarar. Todo ello, según las fuentes, transcurrió en un ambiente de cordialidad.
La causa comenzó en la Audiencia Nacional por supuestas adjudicaciones irregulares a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario durante la pandemia. Desde que llegó al Supremo, se ha ampliado la investigación a presuntas ilegalidades en contratos de obra pública.
Debido a la complejidad de esta nueva vertiente, el magistrado Puente decidió fragmentar el caso, abriendo una pieza separada para investigar las comisiones vinculadas a obra pública, con el objetivo de acelerar la instrucción de la parte principal, ya que la nueva está aún en una fase muy inicial.
