El examen del Tribunal de Cuentas sobre las normas de los ministerios del área político-administrativa ha puesto de manifiesto que uno de cada cuatro proyectos del Ejecutivo presenta deficiencias en sus informes complementarios, ya sea en las memorias de impacto normativo o en los estudios sobre los efectos económicos de las medidas.
La fiscalización, abarca normas de los Ministerios de Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación Cultura, Ciencia, Presidencia y Política Territorial, y especialmente examina la labor de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que depende de la Vicepresidencia de Carmen Calvo.
El objetivo era verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las actuaciones administrativas encuadradas en el ámbito de la evaluación previa de su impacto normativo, reflejadas fundamentalmente en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo.
De entrada, en los expedientes normativos examinados el Tribunal de Cuentas ha visto que «no existe acto formal de incoación» de los mismos, por lo que no tiene certeza suficiente sobre el momento de su inicio, lo que tiene «especial relevancia» al determinar la normativa aplicable al contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Estas Memorias del Análisis de Impacto Normativo son los documentos que garantizan que la elaboración y aprobación de un proyecto cuenta con toda la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios y agentes. Pero según desvela el Tribunal, el Consejo de Ministros aún no ha adaptado la Guía Metodológica para la redacción de estas memorias al decreto que las reguló en 2017.
Artículo elaborado por EM a partir de información de Europa Press.
