Francia: La justicia investiga a Rachida Dati por joyas no declaradas

Francia vuelve a enfrentarse a un debate sobre la transparencia de sus élites políticas. Esta vez, el foco se concentra en la ministra de Cultura, Rachida Dati, cuya situación patrimonial es objeto de una investigación judicial que amenaza con enturbiar su futuro político y electoral. La fiscalía de París ha abierto diligencias tras publicarse que la dirigente habría omitido en sus declaraciones oficiales un conjunto de joyas valoradas en varios cientos de miles de euros, bienes que según la ley debían figurar ante la Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública (HATVP).

Las revelaciones del diario Libération dibujan un inventario de gran lujo: diecinueve piezas que incluyen relojes, pulseras, anillos y collares de marcas como Chopard, Cartier o Buccellati, en su mayoría con valores por encima de los 10.000 euros, el límite legal de declaración. El cálculo más prudente sitúa el total en torno a 420.000 euros, aunque algunas tasaciones elevan la cifra a 600.000. Un reloj de 32.000, una pulsera cercana a los 20.000, un anillo superior a los 11.600… ejemplos de un patrimonio que, en buena medida, habría quedado fuera del control oficial.

Dati lo niega todo. Afirma que sus obligaciones patrimoniales están al día y que determinados bienes pertenecen al ámbito estrictamente privado, lo que abre un terreno gris en la interpretación legal. Su defensa, sin embargo, no ha evitado reacciones políticas inmediatas ni el eco mediático de un caso que inevitablemente conecta con cuestiones sensibles para los franceses: la confianza en las instituciones y la ejemplaridad de quienes ejercen el poder.

El episodio llega, además, en un contexto especialmente delicado para la ministra. Con su nombre en la baraja de candidatos para disputar la alcaldía de París en 2026, Dati partía con ventaja según el último sondeo realizado por Elabe el pasado 21 de junio. En esa encuesta, Les Républicains, con Dati a la cabeza, alcanzaba el 28% de intención de voto, situándose por delante de los verdes (20%), la izquierda insumisa (17%) y la alianza socialista-comunista (14%). En un paisaje político fragmentado, su candidatura aparecía como la más competitiva. Hoy, ese capital político corre el riesgo de quedar comprometido si la investigación se prolonga o desemboca en sanciones.

La ministra no es ajena a los tribunales: ya responde en otro proceso por presunta corrupción pasiva y tráfico de influencias, relacionado con servicios de consultoría a Renault cuando era eurodiputada.

Más allá de lo legal, en Francia pesa el recuerdo de ministros que se vieron obligados a abandonar el Gobierno por irregularidades patrimoniales. La vara de medir pública es severa y la opinión ciudadana, cada vez más exigente en cuestiones de transparencia, no suele dar segundas oportunidades. En este escenario, la investigación contra Dati no solo pondrá a prueba su futuro, sino también la capacidad de las instituciones para demostrar que las exigencias de integridad se aplican sin excepción.