La “ley contra el separatismo” que Macron anunció ya antes del inicio de la pandemia va cobrando forma, y se concretará en otoño con la aprobación del correspondiente texto legal.
Así lo ha corroborado hoy el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, que ha señalado como responsables de una situación “intolerable” a “determinadas asociaciones que imparten cursos de idiomas o apoyo académico, Según Attal, “actualmente el Estado tiene muy pocas posibilidades de controlar lo que sucede en esas asociaciones. A veces hay un lavado de cerebro de niños o de familias enteras”. Por su parte, Gérald Darmanin, ministro del Interior, será el responsable de concretar el contenido material de la ley.
Darmanin Attal
La ejecución por parte del ministerio del interior deja claro que esta materia es vista en Francia como un problema de “orden público”, como una agresión de quienes consideran que su “ley particular” (la de su territorio, la de su modo de vida, pero, sobre todo, la de su religión) son superiores a la ley general de la República. El objetivo de la norma será perseguir las doctrinas religiosas o fundamentalistas de tipo extremista, y está pensada, particularmente, contra el extremismo islámico. Por ello se centrará es la defensa de la laicidad del país y la persecución de la imposición religiosa, étnica o política, que según las autoridades puede prender fácilmente en determinadas barriadas o áreas con una fuerte inmigración y adoctrinamiento.
La ley, por lo tanto, no se dirige inicialmente contra los “nacionalismos territoriales”, que en Francia solo tienen relativa fuerza en Córcega y, en menor medida, en Bretaña, Normandía, y las zonas vascas o catalanas que están en territorio francés. No obstante, el objetivo es blindarse contra “cualquier tipo de ataque” que pudiera producirse en el futuro, sobre la base del principio de la indivisibilidad de la república, por lo que en la práctica viene a reforzar una idea que ya estaba fijada claramente en la Constitución.
En concreto, el artículo 1 de la Constitución hace imposible toda pretensión que pueda conducir a la secesión, al proclamar que “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social”. Por su parte, el artículo 89 señala que “no podrá iniciarse ni proseguirse ningún procedimiento de reforma (de la propia Constitución) mientras sufra menoscabo la integridad del territorio“.
Macron, en el discurso conmemorativo del 150 aniversario de la proclamación de la República, lo dijo con rotundidad el viernes pasado: “La República no tolera ninguna aventura separatista“.
