El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desvinculado este jueves del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suscrito por Teodoro García Egea, secretario general de la formación durante el mandato de Pablo Casado, y ha alegado que su antecesor no le entregó “ningún documento” al respecto durante el traspaso de poderes.
En declaraciones a los medios en Porto do Son (A Coruña), Feijóo ha señalado que el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, interlocutor popular en las negociaciones para la renovación del CGPJ, le ha referido que “en ningún comité de dirección” –tampoco durante el mandato de Casado– se habló de “ningún documento” firmado por García Egea y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
“Cuando despaché con Casado, en el traspaso de poderes, no me dio ningún documento ni acuerdo”, ha añadido, reafirmándose en que él no conocía el acuerdo ni se había abordado en ninguna reunión, antes de preguntarse por qué “se filtra ahora”. “Pues se filtra porque estamos en verano, y el Gobierno tiene mucha urgencia en incorporar sus propuestas al Tribunal Constitucional (TC)”, ha sugerido.
“Y porque Bolaños ha dicho que ‘o llegamos a un acuerdo o filtro el papel'”, ha añadido, antes de apuntar que el ministro “amenazó” a González Pons con hacer público el acuerdo suscrito en la época de la anterior dirección si el PP no accedía a sus pretensiones. A lo que el interlocutor popular respondió, según Feijóo, que ese documento “no vincula” al PP y que hiciesen lo que estimasen oportuno.
“No vamos a aceptar que nos amenacen”, ha sentenciado Feijóo, quien ha calificado esta actitud como “infantil”, antes de advertir que “España no necesita políticas infantiles, sino un poco más de política de altura”. Enfrente, ha esgrimido que la propuesta del PP sobre el CGPJ es “pública”, para el Gobierno y los españoles, desde el pasado 11 de julio.
DEFIENDE LA PROPUESTA DEL PP
Feijóo, quien ha incidido en que, durante su reunión con Pedro Sánchez, se pactó incluso hablar de “retomar las conversaciones” descartando el término “negociaciones”, ha vuelto a defender que él “cumplió su palabra” y remitió una propuesta que, se ha quejado, “sigue sin respuesta”.
“En ella planteábamos renovar con un mínimo criterio y de requisitos para que los políticos no elijamos a jueces próximos a los partidos”, ha defendido, antes de repasar algunos de los contenidos del documento remitido por los populares, como la dotación de mil plazas de jueces, a razón de 200 al año, durante los próximos cinco ejercicios; exigir 25 años de experiencia como juez para presidir una Sala en el Tribunal Supremo; o una moratoria para el regreso de magistrados a la judicatura tras su paso por la política.
El plan remitido al Gobierno, ha insistido, también fue abordado previamente con las asociaciones de la magistratura. Pero ha lamentado que, mientras los interlocutores de PP y Gobierno estaban “hablando e intercambiando propuestas”, los populares se enteraron “por la prensa” de que “se iba a modificar la ley orgánica del Poder Judicial para dar entrada a unos nombramientos que quiere hacer el PSOE en el TC”.
