Hacienda vigilará los domicilios ficticios en el extranjero mediante técnicas de ‘big data’

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este martes que el organismo dispondrá de hasta 70 fuentes de datos diferentes que cruzar mediante técnicas de ‘big data’ para comprobar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes y cotejar si realmente se reside en el extranjero. Además, prevé poder retomar a lo largo de 2021 las visitas con “plenas garantías jurídicas”.

Así lo ha indicado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda a petición propia para informar sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, en la que ha destacado que las técnicas de ‘big data’ permiten una aplicación “más generalizada” en el ámbito del análisis patrimonial y, por consiguiente, detectar en mayor medida las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes a otros territorios.

En este sentido, ha precisado que actualmente hay 2,5 millones de españoles que viven fuera del país, un dato que “hay que darlo por bueno” al ser en general cierto, si bien se producen también “deslocalizaciones ficticias”. De su lado, hay unos 5 millones de extranjeros que residen en España.

Estas técnicas permitirán acometer una actuación comprobatoria y, si es preciso, abrir un expediente, si bien ha reconocido que se trata de procedimientos “complicados“, ya que “una cosa es que tengas indicios y otra es que seas capaz de probarlo”.

En todo caso, cree que la combinación de fuentes, algunas estructuradas y otras procedentes de fuentes abiertas, es “absolutamente crucial” porque los procesos probatorios son muy difíciles de sacar adelante.

VE “IMPOSIBLE” QUE UN PAÍS EUROPEO ADOPTE EL SISTEMA FISCAL ANDORRANO

Sobre Andorra, Gascón ha apuntado que en ese territorio viven unos 20.000 españoles para una población total de 80.000 personas, por distintos motivos, como la proximidad geográfica, las oportunidades o la fiscalidad, si bien ha insistido en que ante indicios de deslocalización, la AEAT “tiene que actuar”.

A su juicio, es “imposible” que el sistema fiscal andorrano pueda aplicarse por alguno de los 27 Estados miembros y cree que “jamás” una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos gastos, como la Seguridad Social, podría proponer un régimen fiscal similar.