El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, al que ha tenido acceso el periódico El Mundo, analiza los acontecimientos registrados en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 inmigrantes accedieron a la ciudad autónoma. Las conclusiones policiales señalan distintos elementos que, según los investigadores, permiten apreciar la existencia de una planificación previa y una actuación organizada durante el desarrollo de los hechos.
El documento sostiene que detrás de lo ocurrido habría tanto una autoría intelectual anterior como una ejecución material desarrollada simultáneamente, acompañada de labores de seguimiento y control. Para los investigadores, las responsabilidades que podrían derivarse de esta operativa irían más allá de las personas que cruzaron irregularmente la frontera española.
La Policía identifica además una dirección estratégica y operativa en el desarrollo de los acontecimientos. Entre los elementos que respaldarían esta conclusión figuran la elección de Ceuta como escenario, los puntos concretos utilizados para acceder a territorio español y la coincidencia de fechas, horarios y diferentes perfiles de entrada. La combinación de estas circunstancias lleva a los investigadores a considerar que no se trató de una sucesión espontánea de movimientos fronterizos.
El informe descarta, asimismo, que los acontecimientos puedan explicarse exclusivamente como un episodio relacionado con la inmigración irregular. Según las conclusiones policiales, el proceso analizado habría perseguido objetivos distintos de los estrictamente migratorios.
El CENIF, unidad de inteligencia perteneciente a la Comisaría General de Extranjería, menciona entre los factores relevantes la existencia de facilidades para realizar rutas y desplazamientos hasta un punto determinado y dentro de franjas horarias concretas. A ello añade una actuación que, según el documento, se habría manifestado tanto durante la entrada en España como durante la salida posterior.
En este apartado, los investigadores destacan dos circunstancias relacionadas con la actuación en el lado marroquí de la frontera: una reducida presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y un “guiado activo” de grupos de personas hacia determinados lugares de paso por parte de esas fuerzas, según recoge el informe policial.
Otro de los argumentos utilizados por los investigadores se refiere al grado de especialización necesario para desarrollar las distintas tareas detectadas. Las conclusiones sostienen que semejante capacidad operativa estaría fuera del alcance de las organizaciones criminales conocidas por la Policía en esa zona. También considera que las estructuras dedicadas a facilitar la inmigración irregular en Marruecos dispondrían de unas capacidades muy inferiores a las necesarias para organizar una operación de esas características.
De acuerdo con el análisis policial, la dimensión migratoria habría funcionado fundamentalmente como una cobertura para favorecer y conducir un desplazamiento masivo de personas hacia la frontera ceutí. Los investigadores apoyan esta interpretación en el perfil de buena parte de quienes participaron en las entradas, al considerar que la mayoría no tendría como objetivo permanecer posteriormente en territorio español.
El atestado incorpora además los conceptos de “ambigüedad calculada” y “avance gradual” para describir la naturaleza de este tipo de actuaciones. Según el documento, estas características encajarían en las denominadas estrategias de “zona gris”.
La Policía no analiza los episodios de finales de julio de forma aislada. El informe establece una relación con otras entradas masivas de inmigrantes registradas o convocadas anteriormente, en concreto las de mayo de 2021 y septiembre de 2024. A partir de estos antecedentes, los investigadores consideran que la actividad vinculada a este tipo de procesos tendría una continuidad que se remontaría, como mínimo, a 2021.
La investigación judicial se encuentra ahora pendiente de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la competencia de este tribunal para investigar los acontecimientos. La posición que adopte el Ministerio Público mediante ese informe no tendrá carácter vinculante para la magistrada.
Paralelamente, el Ministerio del Interior ha rechazado que el informe policial atribuya expresamente a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos la planificación o ejecución del episodio ocurrido en la frontera de Ceuta. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska difundió un comunicado para precisar el alcance de las conclusiones remitidas a la autoridad judicial.
Interior sostiene que el documento no afirma expresamente que las Fuerzas de Seguridad marroquíes fueran las responsables de planificar o ejecutar la entrada masiva. Esta puntualización llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refiriera a lo ocurrido como un “ataque a la soberanía” española.
De esta forma, mientras el informe policial recoge indicios de planificación previa, dirección operativa, facilidades en los desplazamientos y actuaciones de las fuerzas marroquíes durante el movimiento de personas hacia determinados puntos fronterizos, el Ministerio del Interior subraya que el documento no contiene una atribución expresa a esas fuerzas de la planificación o ejecución de los hechos.
