IU ha reclamado al Gobierno que aplique cláusulas de exclusión en los contratos públicos a las empresas que colaboren, de forma indirecta o directa, con la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel.
Así lo ha trasladado el portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, quien ha dirigido una serie de preguntas parlamentarias al Gobierno, con el objetivo de que se pronuncie sobre si piensa desplegar esta medida.
A través de sus iniciativas, Santiago recuerda que en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el derecho internacional, ordenando su paralización y evacuación de colonos.
También rememora que la asamblea general de Naciones Unidas instó en 2023 a todos los Estados a “abstenerse de cualquier medida que pueda implicar reconocimiento, apoyo o asistencia a la ocupación de territorios”.
Sin embargo, el diputado sostiene que numerosas empresas, entre las que se encuentran compañías españolas, han sido “señaladas por su participación, directa o indirecta, en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelíes” en territorios ocupados de Palestina, beneficiándose económicamente de esta situación.
“La implicación de estas empresas, que forman parte de la ocupación y colonización que ejerce Israel sobre los territorios ocupados, también podría vulnerar la legalidad internacional ya que dichas actividades pueden estar asociadas con violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional“, argumenta Santiago.
Así, el dirigente de IU desgrana que diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos vienen reclamando la adopción de medidas contra estas empresas con actividad económica en los asentamientos ilegales.
Y lamenta que en España, a pesar de estas resoluciones en el ámbito internacional, siguen participando estas empresas en concursos públicos. Ante ello, alude a precedentes como el caso de Irlanda, que mediante su Oficina de Contratación Gubernamental dictó directrices que obligan a verificar la implicación de empresas en actividades que vulneren el derecho internacional y, en su caso, denegar la participación en licitaciones.
También retrotrae la posición del Ayuntamiento de Barcelona, que opta por excluir de sus procesos de contratación pública a aquellas empresas que aparecen en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas vinculadas a asentamientos ilegales israelíes en el territorio ocupado de Palestina.
“La inclusión de estas cláusulas en los procesos de contratación públicos de la Administración General del Estado permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, alinear la política pública con las resoluciones de la Corte Internacional y garantizar que los recursos públicos no contribuyan directa o indirectamente a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio”, defiende Santiago.
Por ello, interroga al Gobierno para conocer si tiene previsto aplicar esas cláusulas que prohíban a estas empresas a optar a concursos públicos y, en caso afirmativo, indique en qué plazo piensa desplegarlas.
