El Gobierno tacha de “imposible” la condición impuesta por Junts para sentarse a negociar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, que pasa por que el Estado pague 50.000 millones de euros en concepto de “deuda pendiente” en infraestructuras.
El partido de Carles Puigdemont aseguró que no negociará unas nuevas cuentas generales si el Ejecutivo Central no paga esa cantidad, que corresponde a inversiones prometidas y no ejecutadas, según su cálculo. “Primero pagar, después negociar“, dijo este lunes el portavoz Josep Rius.
Junts estableció esta premisa poco después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la cesión de competencias en inmigración a Cataluña. De este modo, despejó las dudas de que este pacto facilitase su apoyo a los PGE.
En Moncloa son conscientes de que cada negociación con Junts es un “capítulo diferente” y que haber cerrado un acuerdo previo no garantiza el éxito en la siguiente negociación.
EL GOBIERNO VE LA EXIGENCIA COMO “INASUMIBLE”
El Ejecutivo rechaza de plano cumplir esta exigencia —”es obvio que no es posible“, reiteran fuentes del Consejo de Ministros— y consideran que, en ocasiones, los grupos establecen condiciones de partida inasumibles.
Aunque insisten en que la demanda de Junts es inaceptable, creen que pueden empezar a dialogar desde esa posición para intentar llegar a un acuerdo y negociar un proyecto de PGE para 2025.
EL GOBIERNO NO RENUNCIA A LOS PGE
Actualmente, el Gobierno trabaja con los PGE de 2023 prorrogados —en 2024 no negoció nuevos por el adelanto electoral en Cataluña—, y aunque el acuerdo para 2025 parece lejano, el Ejecutivo no los da por perdidos.
La portavoz Pilar Alegría insiste cada semana en que el Gobierno quiere aprobar nuevos presupuestos, aunque no hay avances en las negociaciones y algunos ministros ya defienden que se puede seguir gobernando con cuentas prorrogadas.
Inicialmente, Pedro Sánchez marcó el primer trimestre de 2024 como plazo para presentar un proyecto de PGE, pero con la fecha cercana a cumplirse, no hay progresos. Aun así, fuentes del Gobierno aseguran que no establecerán una fecha límite para intentarlo, para evitar añadirse presión.
Además, dejan claro que para aprobar los PGE no es imprescindible una nueva senda de déficit, ya que la vigente beneficia al Ejecutivo. Sin embargo, si finalmente se aprueban los presupuestos, es probable que se negocie una nueva senda de déficit que permita a CC.AA. y municipios disponer de más fondos.
