La abstención del PP posibilita tramitar la Ley LGTBI+ en CyL impulsada por el PSOE

La abstención del PP ha posibilitado en que las Cortes hayan dado vía libre a la tramitación de la Ley LGTBI+ a propuesta del PSOE, que ha presentado un texto con el que se espera que Castilla y León cuente finalmente con una regulación en este sentido, ya que actualmente es la única autonomía sin esta norma. La votación de la Proposición de Ley sólo ha contado con el sufragio en contra de los procuradores de Vox y los dos no adscritos.

El procurador socialista Miguel Hernández Alcojor ha defendido este miércoles en el Pleno de las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la Proposición de Ley LGTBI+, que consta de 76 artículos, y ha incorporado medidas en diversos ámbitos sociales. “La iniciativa responde a una reivindicación histórica de los colectivos LGTBI+ y de diversos sectores sociales de la región”, ha defendido el socialista.

En su turno de defensa de la iniciativa, Hernández Alcojor ha subrayado la importancia de la formación de profesionales y la inclusión de programas educativos, ya que la propuesta presta “especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de doble discriminación”. Además, ha reclamado “establecer un régimen sancionador para las administraciones que incumplan la ley”.

Hernández Alcojor ha recordado que “la normativa estatal ya mandata a las comunidades autónomas a desarrollar marcos legales que garanticen los derechos de las personas LGTBI+”, un punto en el que ha citado informes que constatan “un aumento de la discriminación y las agresiones en la región” y ha pedido “el apoyo de todos los grupos parlamentarios para situar a Castilla y León al nivel del resto de autonomías en materia de igualdad y derechos LGTBI+”, subrayando la importancia de esta iniciativa legislativa.

El texto incorpora medidas en empleo, formación, prevención, sanidad, educación y cultura, con especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de “doble discriminación”. El procurador ha destacado la importancia de la formación de profesionales sanitarios y la inclusión de programas educativos sobre diversidad sexual, así como la necesidad de establecer un régimen sancionador para las administraciones que incumplan la ley.

La tramitación de la iniciativa socialista ha sido respaldada por todos los grupos de la oposición, ha contado con la abstención del PP y el único voto en contra de Vox, cuyo procurador José Antonio Palomo ha argumentado su voto en contra en la “libertad” y “el valor a decir lo que muchos piensan y no se atreven a decir”. “No queremos leyes para colectivos sino para personas”, ha demandado el de Vox.

Durante su intervención, Palomo ha expresado el rechazo de su formación a la iniciativa y ha tomado como base que la propuesta responde a intereses ideológicos y no a necesidades reales de la sociedad de Castilla y León.

En concreto, el procurador de Vox ha cuestionado la utilidad de una ley específica en materia LGTBI+ y ha defendido la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, “sin distinciones por orientación sexual o identidad de género”, al tiempo que ha señalado que la normativa vigente ya protege los derechos fundamentales de todas las personas y ha advertido sobre el riesgo de crear legislación que, a su juicio, pueda generar desigualdad o privilegios para determinados colectivos.

Finalmente, el de Vox ha solicitado que las políticas públicas se centren en garantizar la convivencia y la igualdad efectiva, sin promover normas que, según ha indicado, introducen divisiones en la sociedad. Por último, ha reiterado el compromiso de Vox con la defensa de los derechos individuales y la neutralidad institucional en el ámbito autonómico.

Por su parte, la procuradora del PP Noemí Rojo ha defendido los derechos de las personas LGTBI+ desde una perspectiva de “libertad individual” y “respeto” y ha asegurado que “la libertad es innegociable” y que su partido está “profundamente convencido” de la necesidad de defender la libertad de ser uno mismo.

Rojo ha manifestado que el PP rechaza “sin cortapisas y sin peros cualquier acto que pueda suponer cualquier tipo de violencia, discriminación u odio” hacia cualquier persona, un punto en el que ha reconocido que “tristemente todavía hoy muchas personas sufren violencia verbal, acoso escolar, exclusión en el entorno laboral e incluso agresiones físicas por el mero hecho de ser libres”.

La procuradora ha insistido en que la protección de los derechos LGTBI+ “no es patrimonio de ningún partido político o ideología”, sino que se trata de “trabajar con eficacia para que nadie se sienta invisible, rechazado o solo”. “Los derechos de las personas no son concesiones del Estado, son garantías que estos tienen la obligación de proteger”, ha subrayado.

Respecto a la proposición de Ley LGTBI+ del PSOE, Rojo ha criticado que fue “tramitada con urgencia, sin buscar el consenso necesario” y que “se limita a adaptar el marco estatal sin incorporar mejoras o innovaciones sustanciales”. Además, ha señalado limitaciones competenciales que impiden a la administración autonómica legislar sobre aspectos como “el cambio registral de nombre y sexo” o “la tipificación de delitos de odio”.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de su partido con “la libertad individual, la dignidad de la persona y la igualdad ante la ley”, defendiendo una legislación “eficaz, sólida, duradera, hecha con rigor y desde la responsabilidad” que realmente proteja y avance sin generar inseguridad jurídica.

Los tres procuradores del Grupo Mixto han respaldado la toma en consideración. Así, Pedro Pascual de Por Ávila ha defendido la necesidad de contar con una norma en la Comunidad, ya que todas las autonomías cuenta con una legislación autonómica en este sentido”. “Esta ley persigue la igualdad real”, ha manifestado.

Por su parte, Francisco Igea ha insistido en la importancia de tramitar esta norma para garantizar “plenamente” el derecho a la igualdad “real y efectiva” en los ámbitos público y privado, mientras que Pablo Fernández de Unidas Podemos ha respaldado la tramitación de la Ley para poner fin a la “anomalía democrática” que, a su juicio, supone que castilla y León será “la única Comunidad en la que no hay una ley propia que proteja los derechos de las personas LGTBI+”. “Esto es inaceptable, esto es insólito”, ha zanjado.

Por último, el procurador de UPL-Soria ¡Ya! José Antonio Palomar Sicilia ha reiterado que Castilla y León necesita una “legislación propia” en este sentido. “No lo necestia sólo como un gesto político, sino como una muestra más de compromiso institucional con la igualdad, la dignidad, el respeto, la libertad y la convivencia entre personas”, ha zanjado.