La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha declarado la competencia de este tribunal para investigar la entrada masiva irregular registrada en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, al considerar que los hechos podrían afectar gravemente a la integridad territorial de España y estar relacionados con varios delitos de especial gravedad.
La jueza ha asumido formalmente la investigación después de analizar los informes policiales y el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había respaldado que fueran los juzgados centrales los encargados de esclarecer lo sucedido. La resolución considera que los hechos investigados pueden constituir un grave ataque contra la integridad territorial de España, además de afectar a otros bienes jurídicos protegidos.
La causa se centra en determinar cómo se organizó y ejecutó la entrada masiva de personas desde territorio marroquí hacia Ceuta y si existió una estructura organizada detrás de los acontecimientos. La Fiscalía ya había señalado indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal.
En su resolución, Tardón sostiene que la Audiencia Nacional puede asumir las pesquisas porque parte de las conductas investigadas se habrían desarrollado fuera de España y sus efectos se produjeron dentro del territorio nacional. La investigación deberá esclarecer si existió una actuación coordinada desde Marruecos destinada a facilitar la entrada masiva en Ceuta.
Los hechos se produjeron los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas atravesaron la frontera desde Marruecos y accedieron a la ciudad autónoma. La magnitud del episodio provocó una crisis migratoria, de seguridad y humanitaria que obligó al despliegue de numerosos efectivos y alteró de manera notable el funcionamiento ordinario de Ceuta.
Uno de los elementos centrales de la investigación es el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional. Ese documento sostiene que la entrada masiva no se produjo de manera espontánea y recoge indicios de planificación previa, difusión coordinada de mensajes en redes sociales y actuaciones sobre el terreno que habrían orientado a los migrantes hacia determinados puntos fronterizos.
El informe policial también recoge la actuación de agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, que presuntamente habrían dado indicaciones a algunas de las personas que se dirigían hacia Ceuta. No obstante, las investigaciones desarrolladas hasta ahora no han atribuido directamente al Gobierno de Marruecos la autoría intelectual u organización de la operación, una cuestión que deberá determinarse durante la instrucción.
La magistrada considera que las circunstancias descritas permiten investigar la posible existencia de delitos que comprometan la paz o la independencia del Estado, además de los relacionados con los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y una eventual organización criminal.
La Audiencia Nacional analizará ahora la planificación de los hechos, las comunicaciones realizadas antes y durante las entradas y el posible papel desempeñado por diferentes personas u organizaciones. También deberá determinar quién pudo impulsar o coordinar los movimientos desde territorio marroquí y qué grado de responsabilidad corresponde, en su caso, a quienes participaron en ellos.
Entre las primeras diligencias acordadas figura la recopilación de información sobre las personas fallecidas durante los acontecimientos a través de los juzgados de Ceuta. La investigación abordará así tanto la posible organización de las entradas como las consecuencias personales derivadas de la operación.
El criterio de la jueza coincide en buena medida con el planteamiento de la Fiscalía, que había defendido que la Audiencia Nacional era competente debido a que una parte de la eventual planificación y coordinación habría ocurrido en Marruecos, mientras que la ejecución y sus consecuencias se produjeron en España.
El Ministerio Público señaló previamente que la instrucción debe determinar si, además de los delitos vinculados directamente con la inmigración irregular, existen conductas que afecten al orden público o a bienes jurídicos de carácter colectivo, como la paz o la independencia del Estado.
El Gobierno de Ceuta también acordó personarse como acusación particular en el procedimiento con el objetivo de defender los intereses de la ciudad autónoma. El Ejecutivo ceutí considera que los acontecimientos afectaron de manera directa y grave a bienes e intereses públicos de Ceuta.
La decisión de María Tardón supone que la investigación sobre la crisis de Ceuta queda definitivamente bajo la competencia de la Audiencia Nacional, que deberá esclarecer tanto el origen de la operación como la identidad de sus posibles responsables y las circunstancias exactas en las que se produjo la entrada masiva.
La apertura de la causa no supone que exista por el momento una responsabilidad penal determinada ni que se haya acreditado la participación de autoridades concretas. Será la instrucción judicial la que trate de establecer si hubo una organización previa, quién estuvo detrás de ella y qué delitos pueden derivarse finalmente de los hechos ocurridos en la frontera de Ceuta.
