La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha insistido este lunes en que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para aplicarle la ley de amnistía, toda vez que como diputado del Parlament entiende que ello es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han mostrado a favor de que se le aplique la norma que perdona una década del ‘procés’.
Así se ha pronunciado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la vista pública celebrada para la exposición de los recursos de apelación presentados contra la decisión del magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, de no aplicar la ley de amnistía a los procesados en rebeldía. La Sala de Apelaciones, conformada por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, ha escuchado también a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.
La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas recurrieron aquella decisión en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que han defendido este lunes.
Boye ha defendido que el Supremo no es competente para aplicar la ley de amnistía a los procesados del ‘procés’. “Sin lugar a duda tenemos razón“, ha dicho. A su juicio, “esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Cataluña y no a la Sala Segunda del Supremo (…) porque Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña“.
Al hilo, el letrado ha señalado que “a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la ley de amnistía”. “Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada”, ha añadido.
Con todo, ha incidido en que cualquier decisión que adopte el Supremo “conllevaría la vulneración del juez prestablecido por la ley“, porque debería pronunciarse el TSJ catalán.
FISCALÍA VE AMINISTIABLE LA MALVERSACIÓN DEL ‘PROCÉS’
Por las acusaciones, se han manifestado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se ha mostrado a favor de que el tribunal estime los recursos de los líderes independentistas. A su juicio, concluir que actuaron para obtener un beneficio personal patrimonial “es cuanto menos sorprendente“.
La Fiscalía ha sostenido que los encausados no tenían el “fin” de beneficiarse económicamente con la consulta del 1-O, por lo que ha defendido “la amnistiabilidad de los hechos“.
Además, Sánchez Conde ha descartado que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig supusiera un daño a los intereses económicos de la Unión Europea, como señaló Llarena para no aplicar la amnistía. “No han sido empleados fondos europeos. No se ha producido merma alguna. Los fondos pertenecían a la Generalitat y esto está acreditado”, ha apuntado.
Asimismo, la Abogacía del Estado ha pedido este lunes al tribunal de apelación del Supremo que estime los recursos de apelación que presentaron Puigdemont, Comín y Puig.
VOX, EN CONTRA DE LOS RECURSOS
Por el contrario, Vox ha mostrado su oposición a corregir la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación del ‘procés’ y ha afeado a la defensa de Puigdemont que insista en que el Supremo no es el órgano competente para pronunciarse.
“Si un acto es ilícito no puede ser amparado por ninguno de los instrumentos de derecho, mucho menos por esta ley de amnistía. No es porque el Supremo haya tenido una interpretación extravagante, es porque así lo dijo el Constitucional con las leyes de desconexión“, ha señalado en la vista la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro.
