La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos años de inhabilitación a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según ha comunicado este viernes en una nota de prensa, la Fiscalía ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, además, ha recurrido el auto del Tribunal Supremo que desestimó el incidente de nulidad que había presentado previamente contra dicha sentencia condenatoria.
El Ministerio Público considera que, durante el procedimiento judicial que derivó en la condena, se habrían vulnerado varios derechos fundamentales de García Ortiz. Entre ellos, destaca el derecho a la presunción de inocencia, así como el derecho a un proceso con todas las garantías, principios esenciales recogidos en la Constitución española.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el exfiscal general del Estado no habría contado con las condiciones necesarias para ejercer adecuadamente su defensa. En concreto, señala que no se le permitió conocer plenamente la acusación formulada en su contra ni defenderse de manera efectiva frente a la misma, lo que podría suponer una infracción de las garantías procesales básicas.
Otro de los aspectos subrayados en el recurso es la posible vulneración del principio de legalidad penal. En este sentido, el Ministerio Público entiende que la interpretación aplicada en la sentencia condenatoria podría no ajustarse de forma estricta a los requisitos legales exigidos para este tipo de delitos, lo que justificaría la intervención del Tribunal Constitucional.
El recurso de amparo presentado busca que el alto tribunal analice si la resolución del Tribunal Supremo respetó los derechos fundamentales del condenado o si, por el contrario, se produjeron irregularidades que justifiquen la anulación de la sentencia. La Fiscalía insiste en que la revisión constitucional es necesaria para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el proceso.
Este movimiento procesal abre ahora una nueva fase en el caso, en la que será el Tribunal Constitucional quien deberá pronunciarse sobre la posible existencia de vulneraciones de derechos en el procedimiento judicial. La decisión que adopte el alto tribunal podría tener consecuencias relevantes tanto para el propio García Ortiz como para la interpretación de las garantías procesales en casos similares.
