La Generalitat ha reiterado este viernes que ninguno de los 29 miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en “toda la tarde” del 29 de octubre, día de la dana, habló del barranco del Poyo “ni una sola vez”, en un órgano en el que están incluidas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Delegación del Gobierno y el 112.
Así lo han indicado fuentes de la Generalitat tras el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) que asegura que los audios de las llamadas al 112 “confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva” y con una gran intensidad.
La Generalitat reitera que “ninguna de las agencias responsables de la información que dice la jueza que permitían conocer que el barranco se estaba desbordando transmitieron nada al Cecopi de sus propios datos al respecto durante toda la tarde” y se pregunta si “tenía que ser la administración regional la que interpretara los datos de la Aemet en el lugar de la Aemet y los datos de la CHJ en nombre de la CHJ”.
De hecho, las mismas fuentes insisten en que el mensaje de ES-Alert se envió a la población por la presa de Forata. En esta línea, se preguntan si la Aemet sabía que el barranco se estaba desbordando “¿por qué no dijo nada en el Cecopi?”; por qué no dijo nada la Delegación del Gobierno o cortó carreteras o la CHJ cuando la vigilancia de los barrancos “era competencia suya”. Y subrayan que todos estos organismos sí que intervinieron para hablar de otros temas.
La Generalitat recalca que el 112 “atendió todas las llamadas y dio aviso a los servicios de atención de emergencia”, pero añade que, “según confirman asistentes al Cecopi, como el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, no hubo ninguna comunicación al respecto del contenido de las mismas”.
El auto de la jueza –en el que cita las llamadas de miembros de una familia de Chiva que acabó con el padre y dos hermanos fallecidos– responde a una petición de Argüeso, –que está investigado en la causa al igual que la exconsellera de Justicia e Interior en esa fecha, Salomé Pradas–, que había pedido una aclaración del auto en el que se le imputaba. La magistrada rechaza esa solicitud de aclaración de Argüeso al entender que esa resolución “establecía y justificaba de forma clara” la declaración como investigados de ambos ex responsables de la Conselleria de Interior.
Sin embargo, según la Generalitat, si los datos individuales de cada agencia –Aemet, CHJ, 112 y Delegación del Gobierno– permitían “conocer perfectamente” que el barranco se estaba desbordando –como señala la magistrada— “¿cómo es que nadie dijo nada en toda la tarde ante algo tan obvio?”.
En esta línea, insiste en preguntar si se está diciendo que Aemet “sabía que el barranco se estaba desbordando y prefirió hablar de la lluvia en Utiel”; si la CHJ “prefirió hablar de una presa que ni siquiera colapsó”; si la delegada del Gobierno “sabía que el barranco se estaba desbordando y no cortó ninguna carretera ni activó a ninguna institución del Estado” y si el director del 112 “tenía constancia del contenido de las llamadas y las ocultó a los 29 miembros presentes en la reunión”.
