El 21 de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que reforma la Ley 28/2005 y acordó su remisión al Congreso de los Diputados. Desde entonces el texto está en las Cortes. El Gobierno quiere sacarlo adelante antes del final de la legislatura.
Por su contenido, es una de las intervenciones de mayor alcance desde la prohibición de fumar en la hostelería. Los espacios sin humo se amplían a terrazas, playas, piscinas de uso colectivo y conciertos al aire libre. Los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina y los dispositivos de tabaco calentado quedan equiparados al cigarrillo convencional. Los desechables desaparecen del mercado y la venta se restringe a tiendas especializadas.
Los datos demoscópicos sobre todo esto no dibujan una imagen uniforme. Una mayoría clara pide normas más estrictas. En el caso de las terrazas, sin embargo, las cifras se separan mucho según cómo se formule la pregunta.
Qué recoge el proyecto de ley
El texto desplaza hacia el exterior la frontera entre fumar y no fumar. Terrazas de hostelería, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo y recintos de espectáculos como cines, teatros y conciertos al aire libre pasarían a ser espacios sin humo. Las multas van de 200 a 600.000 euros.
Para los cigarrillos electrónicos el proyecto introduce dos novedades. La primera: quedan sujetos a las mismas prohibiciones de consumo que el tabaco, con o sin nicotina. La segunda: solo podrán venderse en establecimientos especializados, cuyos requisitos se fijarán por orden ministerial. Con ello, el asesoramiento en un Vapestore ocupa el lugar que antes tenía coger un producto del estante: el tipo de dispositivo, la concentración de nicotina y la clase de líquido solo pueden hablarse allí, y en un cambio desde el tabaco eso marca la diferencia.
A ello se suma la prohibición de los desechables, justificada por su impacto ambiental y por lo fácil que resulta su acceso para los jóvenes. Los fabricantes disponen de un periodo transitorio de doce meses para agotar existencias y adaptar sus productos. También es nuevo que no solo se prohíba la venta a menores, sino el consumo en sí. La sanción recae en los progenitores, desde 200 euros, sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad.
Lo que no está en el proyecto es el empaquetado genérico. El Ministerio de Sanidad lo quería, pero no encontró mayoría dentro del Gobierno de coalición.
Las terrazas de hostelería son el punto políticamente más discutido de la reforma. Al aire libre no regía hasta ahora ninguna prohibición general de fumar.
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Amplio respaldo a unas normas más estrictas
Que la ciudadanía respalda en términos generales una regulación más dura es algo que las encuestas vienen mostrando desde hace años. Un sondeo de 2022 de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria recogió que el 85 % de los encuestados deseaba una regulación más restrictiva del consumo de tabaco. En esa misma encuesta, el 72 % se mostró partidario de prohibir fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería.
Lo llamativo es que ese respaldo creció sin que el porcentaje de fumadores bajara en la misma medida. La propia organización ya había registrado en un sondeo de 2019 un ligero aumento del 21 % al 23,3 % de fumadores y un retroceso del porcentaje de exfumadores, del 37 % al 33,7 %.
Una segunda señal llegó desde la sociedad civil. La organización Nofumadores entregó al Ministerio de Sanidad cerca de 188.000 firmas a favor de unas terrazas sin humo. La campaña se prolongó durante años y se convirtió en uno de los puntos de referencia del debate.
Con las terrazas, el cuadro se da la vuelta
Cuanto más concreta y más reciente es la pregunta, menos nítidas resultan las respuestas. Un sondeo de 40dB de 2025 reflejó que en torno al 70 % de los encuestados prefería la concienciación antes que la prohibición cuando se trata de terrazas. Más del 56 % no consideraba urgente esa restricción.
La contradicción con el 72 % del sondeo médico es menor de lo que parece. Las preguntas miden cosas distintas: por un lado la adhesión a un principio, por otro la prioridad frente a otros asuntos y la elección del instrumento. Quien ve con buenos ojos un entorno sin humo no tiene por qué considerar que una prohibición legal con multa sea el camino adecuado.
A esto se añade un argumento comparativo que aparece a menudo en el debate: con esta norma España sería, junto a Suecia, el único país de la Unión Europea que llega tan lejos en las terrazas. Para unos es un argumento de país pionero; para otros, un indicio de que la medida va más allá del estándar europeo.
Que predomine el apoyo o el rechazo depende en buena medida de cómo se pregunte. La adhesión de principio y la urgencia son dos magnitudes distintas.
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Los jóvenes, motor de la reforma
El argumento más fuerte de quienes defienden la reforma tiene que ver con los jóvenes. Una encuesta del Plan Nacional sobre Drogas reflejó que el 54,6 % de los estudiantes de 14 a 18 años había probado alguna vez un cigarrillo electrónico, una cifra muy superior a la de años anteriores. Ese dato aparece en prácticamente todas las tomas de posición sobre el proyecto.
Hacia ahí apuntan a la vez varios elementos del texto: la prohibición de los desechables de colores, la limitación de la venta a tiendas especializadas y la nueva prohibición de consumo para menores. El Ministerio de Sanidad enmarca la reforma en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.
Menos presente en el debate está la otra cara de la cuenta. Según la revisión Cochrane más reciente sobre cigarrillos electrónicos y abandono del tabaco, los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a dejar de fumar a más personas que los parches o los chicles. Cómo ponderar entre sí la protección de los menores y la ayuda al abandono en adultos es algo que el proyecto no responde de forma expresa.
Qué puede pasar todavía en las Cortes
El proyecto no es derecho vigente. Hasta que concluya la tramitación parlamentaria sigue en vigor la Ley 28/2005 en su redacción actual. Fumar y vapear en terrazas continúa permitido por ahora, salvo que una comunidad autónoma o un ayuntamiento dispongan otra cosa.
En la tramitación caben enmiendas, y algunos puntos se consideran negociables. Hasta dónde llega la regulación de las terrazas, cuánto dura en la práctica el periodo transitorio para los desechables y qué requisitos impone la orden ministerial a las tiendas especializadas son cuestiones que aún pueden moverse. Solo tras la aprobación y la publicación en el Boletín Oficial del Estado empieza a correr el plazo hasta la entrada en vigor.
