El rey emérito Juan Carlos I no ha sido privado de su título ni apartado formalmente de la Casa Real, y ese hecho no tiene solo consecuencias en cuanto a los títulos que se ostentan, sino que afecta al Presupuesto del Estado.
Según confirmó en declaraciones públicas el ministro Marlaska, la seguridad del monarca es competencia del Estado Español, como lo es también la de los exministros y otros cargos que conservan durante un tiempo dispositivos de seguridad una vez cesados en el cargo. El ministro se negó a dar cifras concretas para este caso, pero una investigación del digital LaPolíticaOnline pone de manifiesto los costes que estaría soportando el erario público.
El Estado no abona los costes derivados de los vuelos ni los de alojamiento del exmonarca, que habría asumido él personalmente o personas de su entorno empresarial, pero sí debe hacerse cargo de su escolta, y eso supone:
- Coste salarial (nóminas, seguridad social) de los agentes desplazados permanentemente para garantizar su custodia
- Costes por desplazamiento de los agentes
- Alojamiento y comida
- Coste de los recursos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y garantizar la seguridad.
- Coste de salidas por carretera (vehículos, equipamiento técnico) u otras acciones suplementarias.
El operativo, según señalan fuentes ministeriales a las que ha tenido acceso LPO, se reduce al mínimo imprescindible para proporcionar un nivel completo de seguridad, y consta de cuatro agentes, los imprescindibles para proporcionar a Juan Carlos una “protección por las cuatro caras”, cuyo objetivo es que nadie no autorizado pueda acercarse al rey emérito, y que su ubicación permanezca en secreto de la forma más discreta posible.
En sus desplazamientos por carretera, el despliegue consistiría en un vehículo precediendo a aquel en que viaje Juan Carlos, y otro siguiéndolo, con dos agentes en cada uno. Las fuentes insisten en el carácter mínimo de este operativo. Si se tratase de viajes oficiales el número mínimo de agentes involucrado sería de “unas doce personas”. Por ejemplo, la seguridad de Mariano Rajoy implicaba a 11 personas, que según las fuentes consultadas por LPO, habría subido a 14 en el caso de Pedro Sánchez.
