El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, la conocida como ‘ley rider’, y ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios a través de enmiendas.
A favor del decreto ley han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.
Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo.
“LA APLICACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO NO ES OPTATIVA”
Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado “late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa”.
“A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio”, ha aseverado, destacando que esto “supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias”. Así, ha recalcado que una prestación de servicios “será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste”, algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina
VOX RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL
Vox directamente ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, por no ver justificada la urgente necesidad para este tipo de iniciativas, durante una confrontación directa con la vicepresidenta Yolanda Díaz al usar su turno en contra. En este intercambio, interrumpido en las intervenciones de la titular de Trabajo por gritos procedentes de la bancada de Vox, esta formación ha pedido un estatuto específico para estos trabajadores.
Así, su portavoz laboral, Juan José Aizcorbe, ha señalado que la regulación es “un canto de sirena”, y que fija “trabas” y “barreras” a los trabajadores. Asimismo, ha puesto en cuestión la representatividad de los agentes sociales a la hora de acordar los cambios.
Unas afirmaciones replicadas por la vicepresidenta, acusándoles de perpetuar “un modelo basado en la explotación” en el que “todo vale contra las personas trabajadoras” y “basado en el siglo XIX”. “No hay ningún emprendimiento en un joven que reparta en las calles, acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea”, ha espetado.
Al rechazo de Vox se han sumado los del PP, Ciudadanos y Foro Asturias, que han justificado su voto en contra por la utilización del decreto ley, pero también por la falta de consenso con el que nace la norma, pese a aprobarse tras un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CC.OO.
Artículo elaborado por EM a partir de informaciones facilitadas por Europa Press
