Los grupos parlamentarios Popular y Vox, que sustentan al Gobierno de coalición en Castilla y León, han optado finalmente por votar en contra del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Finacieras y Administrativas para 2023 que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, y que sí había salido adelante, tras el malententido que les llevó a votar a favor de las 78 enmiendas parciales que mantenía vivas para el debate el Grupo Socialista.

Tras advertir el “error” o “malentendido”, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, llegó a pedir la repetición de la votación de las enmiendas parciales del PSOE, que se votaron junto a los votos particulares a las enmiendas de PP y Vox aprobadas en Comisión, propuesta que no fue aceptada por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox que decidió suspender la sesión por un tiempo inicial de diez minutos que se llegaron a prolongar durante más de hora y media.

Al volver al hemiciclo, De la Hoz ha tomado la palabra desde su escaño para anunciar que los grupos parlamentarios Popular y Vox iban a votar en contra del proyecto de ley de la Junta –sólo quedaba este trámite parlamentario para que viera la luz– ante el “evidente error” en el sentido de voto de la mayoría parlamentaria –PP y Vox tienen mayoría absoluta– inducido, a su juicio, por una “incorrecta formulación” de lo que estaban votando en ese momento ya que, según ha reiterado, en la Junta de Portavoces del pasado lunes no se acordó la votación conjunta de enmiendas y votos particulares.

A esto ha añadido que la Presidencia de las Cortes tampoco había comunicado en la sesión de hoy que se iba a proceder a la votación agrupada de los dos preceptos como sí consta en el guión. “No queda otro remedio que votar en contra de este proyecto del ley”, ha asumido el ‘popular’ que ha anunciado que la Junta procederá “por la vía de urgencia” a agilizar los trámites para que los ciudadanos “se puedan beneficiar cuanto antes” de las medidas del texto “fallido”. De hecho, el propio consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado tras el pleno que el PP lo tramitará como proposición de ley a lo que ha añadido que las medidas que se aprueben en su día tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, como si se hubiesen aplicado con la fallida norma de hoy.

De la Hoz ha aprovechado la ocasión para lamentar que la oposición haya “buscado obstaculizar” la votación desde el convencimiento de que hubiera bastado el parecer favorable de los otros grupos para volver a votar de nuevo, una “excepción”, ha asegurado, que sí establece el Tribunal Constitucional.

“Ustedes no tienen ninguna intención de hacerlo pese a que son conscientes de que, evidentemente, no es voluntad de estos grupos parlamentarios votar a favor de sus enmiendas. Por ello, votaremos en contra de este proyecto de ley y esperamos cuanto antes tramitarlo de nuevo”, ha sentenciado en su intervención antes de votar en contra del proyecto legislativo del Ejecutivo.

Entre los “beneficios” que planteaba el ya fallido proyecto de Ley de Medidas Tributarias están las rebajas fiscales para familias numerosas que anunciaron el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el día que presentaron los presupuestos pero que no incluyeron en el mismo por lo que tuvieron que ser incluidas por los grupos PP y Vox vía enmiendas al texto de acompañamiento.

La nueva situación también retrasa el resto de medidas introducidas en la norma o incluidas vía enmiendas en Comisión por PP y Vox como el citado caso de los beneficios para familias numerosas o la posibilidad de que los locales de uso comercial, sobre todo aquellos que estén en el medio rural, puedan convertirse en viviendas tras cuatro años en desuso, algo que ahora se fijaba en ocho años.

En concreto, la votación en contra paraliza la mejora de las deducciones por familia numerosa, algo que esperaban 31.000 familias con esta condición en la Comunidad sin límite de ingresos. Así, las familias numerosas iban a poder deducirse con carácter general 600 euros. En el caso de que se tratarse de una familia con 4 hijos será de 1.500, mientras que una con 5 hijos tendrá una deducción de 2.500 euros, incrementándose en 1.000 euros por cada hijo a partir del sexto.

Además, esta paralización también bloquea que se aumente de 3,5 a cinco veces el Iprem el límite máximo de renta para acceder a la vivienda pública.

Tampoco entrará en vigor en materia de tributos, en lo concerniente a la deducción en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, el incremento en más de un 10 por ciento del valor máximo de la vivienda sobre el que se va a aplicar la deducción (de 135.000 euros a 150.000 euros) y en más de un 10 por ciento la base máxima anual de deducción (que incluye, fundamentalmente, en caso de financiación ajena la amortización del capital y los intereses hipotecarios), pasando de 9.040 euros a 10.000 euros anuales.

Tudanca denuncia el “atentado contra la soberanía” en las Cortes, que demuestra que PP y Vox “son unos inútiles”