Los fiscales del Tribunal Supremo (TS) que participaron en el juicio del ‘procés’ han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su opinión sobre la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso: no están a favor de su aplicación en el caso de los delitos de malversación, pero entienden que sí se puede aplicar a los de desobediencia y desórdenes públicos, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.
El criterio de los cuatro fiscales del ‘procés’ afectaría al expresidente catalán Carles Puigdemont, a quien el Supremo procesó en rebeldía por un presunto delito de malversación y uno de desobediencia. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.
En la misma situación están los exconsejeros catalanes huidos Toni Comín y Lluís Puig, que también fueron procesados en rebeldía por delitos de malversación y desobediencia y cuentan con órdenes nacionales de detención activas.
Este criterio también afectaría al caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado por malversación –aunque se le indultara la cárcel permanece inhabilitado–; y al de los exconsejeros catalanes Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, todos con inhabilitaciones vigentes por malversación después de que el Gobierno les indultara la pena de prisión en 2021.
La ley de amnistía busca exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación –cuando no haya enriquecimiento– en el marco del independentismo catalán. Los fiscales del ‘procés’ no ven viable su aplicación.
La postura de los fiscales coincide con la del Supremo, que –al revisar el caso del ‘procés’ tras la reforma del Código Penal por la que se modificó la malversación– ya revisó el concepto de ánimo de lucro e insistió en que “nunca podrá entenderse” que la actuación de los condenados estuviera “ausente” de dicho ánimo.
