Los fiscales del Supremo sí ven terrorismo en ‘Tsunami’ y proponen investigar a Puigdemont

Los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han marcado un antes y un después en el caso ‘Tsunami Democràtic’, determinando que Carles Puigdemont, expresidente del Govern de Cataluña, sea investigado bajo cargos de terrorismo. Este martes, en una junta que ha congregado a los miembros más destacados de la fiscalía, se ha tomado una decisión que podría redefinir el futuro judicial de Puigdemont.

Según fuentes fiscales, la votación resultó en una aplastante mayoría de 12 votos contra 3 a favor de considerar la existencia de actos de terrorismo, y 11 contra 4 en lo que respecta a la implicación directa de Puigdemont en dichos actos. Este resultado surge después de un intenso debate en torno al dictamen inicial propuesto por el fiscal Álvaro Redondo, quien originalmente defendió la tesis del terrorismo para luego retractarse, alegando que los indicios eran demasiado “abiertos” como para proceder contra el político catalán.

El proceso ha cobrado especial relevancia no solo por el cambio de criterio de Redondo, sino también por la importancia del caso ‘Tsunami Democràtic’, relacionado con los disturbios de 2019 en Cataluña. La Audiencia Nacional, a través del juez Manuel García Castellón, había remitido al Tribunal Supremo una exposición razonada que apunta a delitos de terrorismo, situando a Puigdemont en la cúspide de la organización responsable y, por tanto, sujeto a investigación por el alto tribunal debido a su aforamiento.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aún tiene la última palabra en este asunto, pudiendo imponer su criterio por jerarquía, aunque fuentes fiscales señalan la dificultad de mantener criterios dispares entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

La reunión de los quince fiscales, que incluyó a figuras prominentes como Fidel Cadena, Joaquín Sánchez-Covisa, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, comenzó a las 10 de la mañana y ha sido descrita como especialmente intensa. Este grupo no solo tuvo que dirimir sobre el informe de Redondo, sino también sobre el futuro proceder en uno de los casos más sensibles y divisivos de la política española reciente.