En una entrevista concedida a El Correo, Grande-Marlaska señala que el PNV es “un aliado muy solvente que tiene unos intereses comunes, que no son otros que los de poner en marcha medidas para salir de esta crisis que nos afecta todos”.
Cuestionado por la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el ministro dice que si el PP se mantiene en una actitud “absolutamente obstruccionista e impeditiva, hay que buscar alternativas”.
A su juicio, “lo que pone en riesgo la independencia del poder judicial es el bloqueo de su renovación” y subraya que “no va a haber ninguna reforma que no se adecúe al marco constitucional y a los principios internacionales”.
“Hay que recordar que España es una de las veinte democracias denominadas plenas, con garantía de derechos y libertades. No se puede plantear que en España vaya a haber una reforma que ponga en tela de juicio la importancia de nuestra democracia”, argumenta.
Por otro lado, y en lo que respecta al acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco, afirma que el Ejecutivo “cumple la legislación penitenciaria, que es buscar la reinserción de manera individualizada”.
“Eso es lo que me marqué desde el primer momento cuando llegué al Gobierno y en eso me mantengo. No acercamos, ese término hay que desterrarlo, cumplimos la legislación penitenciaria. La dispersión era parte de la política antiterrorista cuando ETA asesinaba. Una vez que el Estado de Derecho ha vencido a la organización terrorista, ese mismo Estado de Derecho debe aplicar la ley en todos los ámbitos, también en el penitenciario”, añade.
En este contexto, sostiene que “no hay política de dispersión”, de tal forma que ETA fue “derrotada por el Estado de Derecho y lo que hacemos es cumplir la legislación penitenciaria”. Además, rechaza que el Ejecutivo “pacte presos por Presupuestos” con EH Bildu y dice que se trata de “una absoluta falsedad”.
Por último, recuerda que la transferencia de prisiones a Euskadi está “pendiente desde hace mucho tiempo”, aunque matiza que “no se transfiere la política penitenciaria, sino la gestión, que es algo muy diferente”.
