La Mesa del Congreso tramita este martes la proposición no de ley en la que Junts sugiere al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, un texto que los de Carles Puigdemont aceptaron reformular, rebajando su contenido.
Finalmente, el PSOE le dará el visto bueno en la Mesa para que se produzca la votación el 25 de febrero o el 11 de marzo, a cambio de que Junts apoye la convalidación del nuevo decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA, además de otras medidas del llamado escudo social.
El PP y los letrados nunca vieron problema
Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate. No obstante, a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación.
La primera vez fue el 17 de diciembre y, un mes después, el 16 de enero, la Mesa volvió a dejar su decisión en el aire. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa, en consonancia con lo planteado por los servicios jurídicos.
Los letrados siempre han mantenido que era la Mesa la que debía decidir y fijar doctrina, pues era la primera vez que se instaba a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley. Aunque la utilización de este instrumento es potestad exclusiva del presidente, también recalcaron que, incluso si se aprobara, no tendría efectos jurídicos, pues las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento.
Asumen que no tiene efectos jurídicos
El hecho de que la cuestión de confianza es prerrogativa del presidente del Gobierno y que solo él puede activarla era el argumento usado por el PSOE para justificar sus resistencias a tramitar la propuesta de Junts. Eso sí, hace 30 años, gobernando también el PSOE, sí que se permitió debatir una moción de CC pidiendo al presidente Felipe González que convocara elecciones, otra competencia exclusiva de Moncloa.
Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y el PSOE aceptó tramitarla una vez se rebajase la redacción, a lo que accedieron los independentistas. Si el texto original instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción solo anima a Sánchez a “considerar la oportunidad” de plantearla.
Además, se descafeína más al añadir expresamente que su propuesta solo tiene un valor político, carece de “efectos jurídicos” para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una “prerrogativa que le confiere la Constitución”.
Una vez que la Mesa del Congreso califique la iniciativa, previsiblemente por unanimidad, ya estará lista para introducirla en el orden del día de una sesión plenaria cuando Junts tenga cupo para ello, lo que se prevé para finales de febrero. La decisión final sobre la fecha de su debate y votación la adoptará la Junta de Portavoces.
