México celebra este domingo la jornada electoral más masiva de su historia, después de una de las campañas electorales más violentas. Cerca de 90 políticos han sido asesinados en el marco de una lucha de los grupos armados y el crimen organizado, tradicionalmente conchabados con las autoridades, por su parte del pastel del poder en el país norteamericano.

Durante la campaña electoral mexicana se han registrado 782 agresiones contra políticos y candidatos, una cifra que supera las 774 agresiones registradas en la elección de 2018. De ellos, 518 eran aspirantes y candidatos, según un informe elaborado por la consultora Etellekt. La agresión más habitual son las amenazas, de las que se han notificado 278 y el estado con más agresiones es Veracruz, con 117.

Si hay alguna cifra más impactante que la de las agresiones contra políticos, es la de políticos asesinados. Un total de 89 políticos han sido asesinados, según el informe –que cubre desde el 7 de septiembre de 2020, fecha del inicio del proceso electoral, hasta el 30 de mayo de 2021–. De estos, 35 eran aspirantes a cargos electos y todos ellos perdieron la vida en atentados, algunos incluso en pleno acto de campaña. Veracruz vuelve a situarse a la cabeza, con el asesinato de ocho personas.

Los opositores a los gobiernos de los estados son el principal blanco de la violencia, según el trabajo de Etellekt. De los 737 políticos agredidos, el 75 por ciento eran opositores a los gobiernos de los 32 estados donde se cometieron los ataques. Por su parte, el 75 por ciento de los 89 políticos asesinados eran opositores a los gobiernos estatales.

Además, la mayoría de los políticos asesinados pertenecían a una alianza opositora al Gobierno federal, 39 en concreto, que conformaban la alianza Va por México, integrada por el Partido de Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Otros 25 militaban en partidos que integran la alianza Juntos Haremos Historia, compuesta por Morena –el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador–, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Es el PRI el que ostenta el primer puesto de políticos asesinados por partidos, 15 en total.

Por último, cabe resaltar algunas cifras centradas en el ámbito municipal mexicano, que es donde se percibe más riesgo para los políticos. De las 89 víctimas mortales, el 89 por ciento eran políticos que pertenecían al ámbito municipal de gobierno. Otro 5 por ciento desarrollaban su actividad en el nivel estatal y solo el 3 por ciento eran personajes de la esfera federal.

REFORZAR SU INFLUENCIA

Al mismo tiempo que los candidatos luchan por lograr apoyos y los mexicanos evalúan su voto, tiene lugar otra lucha, la del crimen organizado, que instrumentaliza los comicios en pos de su propio beneficio: lograr influencia, impunidad y poder en un contexto muy polarizado y en el que los partidos políticos son débiles. Asimismo, la lucha entre estos grupos para lograr mayor influencia sobre el Estado ha desatado una ola de violencia electoral.

“Los grupos criminales se valen de favores y amenazas para ganar influencia sobre los futuros funcionarios electos”, destaca el informe ‘Violencia electoral e influencia ilícita en Tierra Caliente’, elaborado por la organización International Crisis Group, que destaca que la situación vivida en estos comicios no es nueva.

Los lazos entre las administraciones y el crimen organizado llevan mucho tiempo debilitando las políticas de seguridad mexicanas y perpetúan los altos niveles de violencia en el país. Además, a los grupos criminales, enfocados en buscar potenciales aliados entre los futuros funcionarios, les da igual la ideología de los mismos.

Según subraya el trabajo, las relaciones transaccionales con cargos electos y funcionarios estatales son “una de las ventajas más significativas” que puede tener un grupo ilícito. “Si sus candidatos triunfan, estos grupos pueden esperar favores que van desde la impunidad hasta recibir protección de las fuerzas de seguridad estatales y federales o, incluso, acceso a fondos públicos”, agrega el ‘think tank’, que lamenta que los patrones de “corrupción, cooptación e impunidad” están “profundamente arraigados” en los sistemas electoral y político de México.

International Crisis Group alerta de que es “probable” que la complicidad entre autoridades estatales y grupos ilegales continúe, lo que provocará “más derramamiento de sangre” si no se toman medidas para frenar la corrupción y la impunidad durante y después de las elecciones.

Pero, en un país donde el índice de condenas es “terriblemente bajo” para delitos graves y con los órganos policiales y judiciales atravesados por la influencia de grupos ilícitos, las autoridades parecen carecer de la “voluntad o capacidad necesaria” para judicializar a los culpables o proteger a los candidatos en riesgo, lamenta.