La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a una moción de censura impulsada por el eurodiputado rumano Gheorghe Piperea. La iniciativa, impulsada por un escándalo conocido como “Pfizergate”, ha sido informada oficialmente por Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, a los líderes de los grupos parlamentarios.
Origen del escándalo “Pfizergate”
Durante las negociaciones para la compra de vacunas COVID‑19 en 2021, von der Leyen intercambió mensajes privados con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Aunque la Comisión negó su acceso alegando que dichos mensajes no formaban parte de documentos oficiales, el Tribunal General de la UE dictaminó en mayo de 2025 que esa decisión carecía de justificación legal y vulneró el principio de transparencia administrativa .
El procedimiento de la moción
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Piperea, eurodiputado del grupo ultraconservador ECR, presentó la moción con 73 firmas, superando el mínimo legal (una décima parte de los MEP, 72 firmas).
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Metsola notificó a los grupos parlamentarios, activando automáticamente el debate y votación, previstos para la próxima sesión plenaria.
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El reglamento exige que el debate ocurra al menos 24 horas tras la notificación, y la votación no antes de 48 horas después del comienzo del debate, además de requerir una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y de la mayoría de los eurodiputados.
Posibilidades de éxito
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Aunque Piperea afirma haber reunido el apoyo inicial, numerosos eurodiputados podrían retirar su firma, lo que invalidaría la moción.
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Incluso si se mantiene, la moción parece tener escasas opciones de prosperar. De hecho, Piperea reconoce que la mayoría aún respalda a von der Leyen, aunque confía en que el proceso impulse debates sobre transparencia.
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Además del “Pfizergate”, el texto incluye críticas sobre supuesta opacidad en la emisión de deuda y retirada de legislaciones como el veto al greenwashing, acusando a la Comisión de actuar al margen del Parlamento.
Impacto político
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De aprobarse, la moción forzaría la dimisión de la Comisión al completo, algo inédito desde 1999.
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Aunque difícilmente triunfará, el proceso puede obligar a von der Leyen a mejorar la rendición de cuentas y coordinación con el Parlamento, atendiendo demandas de mayor transparencia institucional.
