Afganistán prohibe el acceso de mujeres a las Universidades

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han prohibido este martes “hasta nuevo aviso” la admisión de mujeres en las universidades públicas y privadas de todo el país, ha informado la agencia afgana de noticias Jaama Press.

El Ministerio de Educación Superior ha emitido este martes un breve comunicado, consultado también por la cadena de televisión Tolo, en el que insta a suspender la admisión de mujeres en las instituciones educativas superiores.

El ministro para Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mohamad Jalid Hanafi, ha precisado este mismo martes que la reapertura de centros educativos, cerrados desde que los talibán llegaron al poder, “depende en gran medida de la creación de un ambiente cultural y religioso decente”.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha afirmado poco después en su perfil oficial de Twitter que esta decisión “vergonzosa” es una violación al “derecho a la educación” de las mujeres y las niñas en Afganistán. “Los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres”, ha agregado.

Las autoridades talibán han hecho frente a críticas por el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas de los mismos, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.

Desde agosto, las autoridades han impedido que las alumnas de curso superior a sexto se reincorporen a clase, algo que sí han autorizado a los alumnos. En febrero terminó el proceso de reapertura de universidades tras la imposición de una segregación por sexos en las aulas.

LAS MUJERES EXCLUIDAS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El anuncio del veto a las mujeres a la educación superior ha coincidido con una sesión en el Consejo de Seguridad en la que la representante especial de la Secretaría General de Naciones Unidas para Afganistán, Roza Otunbayeva, ha comparecido en Nueva York para detallar la situación política y de seguridad que vive el país.

“Los políticos exiliados son, por supuesto, críticos, pero están fragmentados y sus declaraciones tienen una resonancia decreciente para la población dentro de Afganistán. Los talibán rechazan la necesidad de cualquier tipo de diálogo entre afganos y afirman que su gobierno es suficientemente representativo”, ha explicado ante la falta de representación política.

De esta forma, ha sentenciado que la “única manera de avanzar” es a través de “una política más pluralista” en la que se vean representados todos los afganos, especialmente las mujeres. “La supresión de las voces opuestas es aún más desafortunada dada la creciente dureza de las políticas sociales de los talibán”, ha añadido.

Otunbayeva ha señalado que desde el pasado 9 de noviembre las mujeres tienen prohibido visitar los parques públicos, los bares y los gimnasios, de tal manera que “su espacio social está siendo restringido tanto como su espacio político”.

“La prevención de la educación secundaria significará que en dos años no habrá niñas que ingresen a la universidad. Esta decisión es extremadamente impopular entre los afganos e incluso entre los dirigentes talibán. Ha sido criticada por todo el mundo islámico”, ha precisado.

Además, ha puesto sobre la mesa la reciente decisión del líder del movimiento talibán, Hibatulá Ajunzadá, quien ordenó a los jueces que aplicaran castigos corporales y capitales contra las mujeres. También ha puesto el ejemplo de la primera ejecución pública llevada a cabo el pasado 7 de diciembre, a la que asistieron distintos funcionarios talibán.

“La UNAMA ha documentado que estos castigos han tenido lugar desde la toma del poder por los talibán. Sin embargo, desde el anuncio de la instrucción del líder talibán, se han hecho cada vez más públicas”, ha expresado durante la sesión.

Por otro lado, Otunbayeva ha resaltado que Naciones Unidas sigue de cerca la escalada de tensiones entre Kabul e Islamabad. Asimismo, hay una gran preocupación por la actividad del grupo terrorista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) y por los recientes ataques contra las embajadas de Rusia y Pakistán.

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