El Tribunal de Cuentas ha detectado que algunas comunidades sólo concedieron la mitad de las subvenciones a empresas y autónomos que habían previsto para ayudarles a paliar las consecuencias de la pandemia, aunque en algunas convocatorias ni siquiera se llegó a ese 50%, un porcentaje que nunca se superó en el caso de las ayudas al alquiler.
Así consta en el informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID-19 convocadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin Órgano de Control Externo, ejercicio 2020. Se trata de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia y, además, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Este es el tercer informe de los seis previstos por el fiscalizador relativos a las ayudas, subvenciones y avales otorgados por distintas entidades para paliar los efectos de la
crisis sanitaria.
Las comunidades citadas objeto de la fiscalización otorgaron 637 millones de euros en subvenciones a través de 363 convocatorias públicas. El 75% de este importe se destinó a ayudas para empresas y autónomos y el 71% de fondos se concedieron de forma directa, estando permitido por la legislación en los supuestos derivados del interés público, social, económico o humanitario como fue el caso.
De otra forma, el procedimiento ordinario de concesión de estas subvenciones hubiera sido la concurrencia competitiva, sistema que establece un concurso entre los adjudicatarios.
DE 475 MILLONES SÓLO SE CONCEDIERON 312 Y SE PAGARON 282
Para la realización de esta fiscalización se han analizado 78 convocatorias por un importe de 475 millones de euros, lo que representa el 75% de la cuantía total convocada.
El informe constata que los importes pagados durante el ejercicio 2020 no alcanzaron las cantidades previstas en las distintas convocatorias. Así, en la muestra analizada, de los 475 millones convocados entre las entidades analizadas, sólo se concedieron 312 millones, de los cuales finalmente se pagaron 282 millones de euros
en 2020.
Esta situación afectó en primer lugar a las ayudas a empresas y autónomos ya que en ninguna de las convocatorias analizadas se concedió más del 50% del importe previsto y sólo se otorgaron al 29% de los solicitantes que las entidades habían previsto.
NI EL 50% DE AYUDAS AL ALQUILER
En segundo lugar, el informe pone de manifiesto cómo se vieron afectadas las ayudas al alquiler. En este caso, el importe ejecutado respecto de las cuantías convocadas fue inferior al 50 % en prácticamente todas las entidades fiscalizadas.
El Tribunal de Cuentas concluye “falta de planificación estratégica y del preceptivo diseño de indicadores y objetivos medibles por partes de las comunidades u ciudades autónomas objeto de la fiscalización”, lo que “impide un adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos que se pretendían cumplir al otorgar las subvenciones”.
Por lo que respecta a los plazos de gestión, el informe constata que el tiempo medio transcurrido desde la publicación de las Bases Reguladoras de las subvenciones hasta la primera concesión superó, en términos generales, los dos meses y que la media de plazo para el pago, una vez aprobada la convocatoria, fue inferior a 30 días.
Entre otras cuestiones, el Tribunal de Cuentas recomienda mejorar los procedimientos de publicidad para favorecer el éxito de las convocatorias y que los susceptibles beneficiarios tengan la información adecuada para poder concurrir a la ayuda.
