El Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Unidas Podemos, ha iniciado las negociaciones internas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y las partes han coincidido en la necesidad de que las cuentas públicas del próximo año mantengan el compromiso social, contribuyan a la cohesión territorial y garanticen que la recuperación llegue a todos los hogares.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; el director del Gabinete de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Josep Vendrell, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, Carlos Moreno, han mantenido la primera reunión presupuestaria tras la aprobación del límite de gasto no financiero.
Durante el encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, los representantes de PSOE y Unidas Podemos se han emplazado a mantener un diálogo “constante y fluido” para acordar la propuesta de Presupuestos Generales del Gobierno de coalición, según han informado a través de un comunicado.
EL TECHO DE GASTO, PISTOLETAZO DE SALIDA PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS
La reunión se produce después de que el pasado martes el Consejo de Ministros diera ‘luz verde’ al límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
Así, con la aprobación del límite de gasto no financiero para el próximo año, se daba el pistoletazo de salida a la elaboración de los nuevos PGE que, según Montero, están ya bastante avanzados, y que recogerán la llegada de nuevas partidas de los fondos europeos previstos por importe de 75.000 millones para estos tres años.
Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea en cuanto a apoyo a la recuperación, evitando “una retirada prematura” de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya adelantó como ejes prioritarios de la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.
Sobre la reforma fiscal, uno de los puntos fundamentales para Unidas Podemos, tanto Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.
