Podemos ha solicitado al juez que investiga el caso Neurona que “rechace de plano” las nuevas acusaciones realizadas por la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido Mónica Carmona, que ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de usar a una empleada de la organización como niñera.
El partido se ha quejado del escrito que Carmona ha enviado al juez Juan José Escalonilla para responder al requerimiento de información que le hizo el propio instructor tras su declaración como testigo el pasado mes de octubre, porque aprovechó para poner en su conocimiento “algunos hechos investigados internamente” que no fueron incluidos en la denuncia presentada en 2019 por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.
Podemos ha solicitado a Escalonilla que, dado que el escrito de Carmona “debería tener por único objeto acompañar los documentos que el instructor requirió”, “rechace de plano la unión del mismo a las actuaciones, al contener cuestiones ajenas a ese requerimiento, y que únicamente adicione los archivos informáticos que se acompañen al mismo, y siempre que formen parte del requerimiento expresamente realizado”.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización ‘morada’ ha achacado las acusaciones de Carmona a que “tiene enemistad manifiesta respecto de su empleador y determinadas personas del mismo”, recordando a este respecto que demandó a Podemos por su cese, un caso que se tramita en el Juzgado de lo Social Número 1 de Granollers y que está pendiente de sentencia.
“CUESTIONES DE ÍNDOLE PERSONAL”
Se ha quejado particularmente de que Carmona alude a “cuestiones de índole personal que nada tienen que ver con el presente procedimiento”, entre ellas la referida a que que Montero habría usado a Teresa Arévalo, trabajadora del partido y asesora de Igualdad, como niñera para su hija y que Iglesias habría cobrado al menos 7.730 euros en costas procesales de casos que pagó la organización política.
Asimismo, Podemos ha criticado que Carmona hace “argumentaciones variopintas de índole supuestamente fáctica y jurídica sobre los hechos que están siendo objeto de investigación o que lo estuvieron, habiéndose en estos momentos sobreseído provisionalmente la causa con respectos a la mayoría“, como la supuesta ‘Caja B’, los contratos electorales con la consultora política ABD, las obras de la nueva sede o el acceso no consentido a un disco duro de la abogada ‘morada’ Marta Flor.
