El asunto del reciclado, su utilidad y la adecuada trazabilidad y destino de los residuos recogidos, está presente siempre en el entorno de la sociedad y del control público de la actividad. En las últimas semanas se ha puesto otra vez sobre el tapete a raíz de de un informe de Greenpeace titulado ‘Ecoembes miente’.
El informe, de manera pormenorizada, enumera las supuestas irregularidades y falsedades en que incurre el gigante español del reciclado, señalando directamente numerosas fallas en su cadena de recogida y destino de los residuos conseguidos.
Por su parte, Ecoembes ha defendido la veracidad y la transparencia de los datos sobre su actividad, encargada de la recuperación y el reciclaje de los envases domésticos, el papel y el cartón en España y recuerda que está sometida a la regulación y control de la Administración pública, que en los 23 años de actividad no ha impuesto ninguna sanción.
La organización explica que estas acusaciones que Greenpeace ha formulado pueden llevar a un “riesgo de desincentivación de un hábito medioambiental tan arraigado en la sociedad” como el reciclaje.
A su juicio, las acciones desplegadas por la ONG desde pegada de carteles en contenedores de toda España desanimando a reciclar, el envío masivo de correos electrónicos “presionando” a ayuntamientos, asociaciones y empresas tiene “una intención muy clara” que pasa por generar “desconfianza” sobre la gestión del reciclaje.
En concreto, afirma que “muy al contrario” de las acusaciones de Greenpeace, en estos años se han ido introduciendo en toda la cadena del reciclaje “aún más controles y protocolos” que los que la ley requiere por lo que asegura que han consolidado un modelo “basado en la coordinación y la trazabilidad como señas de identidad”.
La disputa llega en un momento delicado, porque está en plena fase de estudio la reestructuración legal del sector.
