El portavoz adjunto del Grupo Popular en Les Corts, Miguel Barrachina ha criticado que el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, es “cómplice sonriente de los independentistas cuando se alinea con los que piden la rebaja del delito de sedición”. “Los valencianos estamos orgullosos de ser españoles y en contra de que nadie levante barreras unilateralmente donde nunca las hubo”, ha subrayado.
Así se ha pronunciado Barrachina tras las declaraciones de Puig en las que acusa al PP de “usar la sedición de excusa para frenar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, según ha indicado la formación en un comunicado.
A su juicio, “Puig debiera ser el más interesado en respaldar la despolitización de la justicia para que nadie piense que lo que pretende es manejar a jueces cuando se juzga a su hermano por ayudas presuntamente irregulares que él mismo concedió desde la Generalitat o cuando se juzga a la que fue su vicepresidenta y otros 15 cargos por presuntamente encubrir un abuso a una menor”.
“Él es el más interesado en que tengamos un CGPJ independiente para que nadie pueda pensar que aspira a manejarlo”, ha indicado.
El portavoz ‘popular’ ha lamentado que “tengamos que aguantar un presidente favorable a las tesis de los independentistas catalanes, al procés, a favor de los indultos a los cargos socialistas condenados por corrupción, de abaratar la ruptura de España o que tenga consellers que acuden a manifestaciones catalanistas que propugnan la ruptura constitucional”. “No puede alimentar a una bestia que no deja de morder y coge fuerzas para el zarpazo final”, ha afirmado.
“Lo que no puede ser es que Puig se ponga de lado de quienes quieren la independencia saltándose la ley, los Països Catalans y debilitar el Estado de derecho por encima de la ley y acepte el chantaje por un puñado de votos para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, ha denunciado Barrachina.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en Les Corts ha manifestado que “quienes tienen cuentas pendientes por querer romper el orden constitucional deben rendir cuentas ante la justicia española en el marco de la legislación vigente y no con una modificación del Código que suponga un indulto previo”.
